El titular de la Comisión Asesora para la Prevención de Secuestros de Personas, el jurista León Arslanián, elevó ayer al presidente Eduardo Duhalde un informe en el que recomienda el aumento de las penas para los casos de secuestros.
Arslanián detalló que la Comisión recomienda la modificación del artículo 170 del Código Penal para determinar penas de 15 a 25 años de prisión en caso de muerte culposa de la víctima y la pena de reclusión o prisión perpetua cuando de ese acto se resulte la muerte de la víctima.
La comisión también propuso la creación de la "figura del arrepentido" en la investigación de los casos de secuestros extorsivos, con la contemplación de reducción de penas.
Los proyectos presentados contemplan la reforma al Código Penal y del Código Procesal Penal, creación del programa de inteligencia criminal para apoyar la prevención e investigación de secuestros extorsivos, de reforma a la ley de regulación del servicio de telecomunicaciones; la creación del fondo permanente de recompensas, y un programa de asistencia a las víctimas y de protección a testigos imputados.
A su vez, los lineamientos de los proyectos presentados, incluye que se pena con prisión o reclusión perpetua el secuestro extorsivo si se produce la muerte dolosa de la víctima y con pena de 15 a 25 años si la muerte es culposa.
Además se pena con prisión de 10 a 25 años, si la víctima del secuestro extorsivo fuese mujer embarazada, menores de 18 años o mayores de 70 años; fuese un ascendiente, hermano, cónyuge, si le causare lesiones graves o gravísimas.
También los bienes muebles, rodados o inmuebles utilizados para mantener cautiva a la víctima serán decomisados y su venta integrará un fondo de asistencia a las víctimas.
Se conceden recompensas a testigos que brinden información valiosa. Se incorpora la institución del cooperador (arrepentido), a quien se puede beneficiar con reducción de penas si aporta información que permita conocer el lugar en que se encuentra la víctima o la identidad de otros partícipes de mayor responsabilidad a la suya.
Se propone aumentar las facultades a los fiscales para que en situaciones de excepción puedan efectuar sin orden judicial, allanamientos de lugares en procura del hallazgo de la víctima, intervenciones telefónicas, realizar diligencias en cualquier lugar del país sin trámites de exhortos. (Télam)
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La Ciudad
