Siete ex policías detenidos por torturas en los años de plomo

Siete policías retirados implicados en casos de tortura durante los años de plomo de la dictadura fueron detenidos por orden del juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky, cuya resolución se basó en testimonios de familiares de las víctimas de la Masacre de Margarita Belén en el Juicio por la Verdad que se tramita en el tribunal a su cargo.
Así lo indicaron ayer fuentes policiales, al precisar que las detenciones se produjeron antenoche, cuando se entregaron tras ser notificados de la medida judicial por el jefe de la fuerza, comisario Emilio Chejolán.
Los detenidos fueron identificados por las fuentes judiciales como Wenceslao Ceniquel -ex jefe de la policía chaqueña-, José Rodríguez Valiente, Lucio Caballero, Ramón Andrés Gandola, Gabino Manadero, Alcides Thomas y José María Cardozo.
Entre los imputados del delito de tormentos agravados, como llamó el juez a la carátula del expediente, figuran también Francisco Núñez -fallecido- y Gregorio Pérez, una identidad ficticia utilizada en la década del 70 como nombre de combate por un efectivo aún desconocido.
El juez dispuso los arrestos tras recibir un requerimiento del fiscal federal Jorge Auat, quien había tomado debida nota de los estremecedores relatos de testigos del juicio por el asesinato de presos políticos conocido como la Masacre de Margarita Belén.
Los familiares de los veinte jóvenes acribillados el 13 de diciembre de 1976 cerca de la localidad de Margarita Belén, 30 kilómetros al norte de Resistencia, mencionaron a los policías detenidos en sus exposiciones y los acusaron de haber detenido indebidamente y torturado, durante 1975, a varios de los militantes que fueron fusilados al año siguiente.
Aunque el Juicio por la Verdad que se lleva adelante en Resistencia desde hace dos años no tiene efectos penales y se limita a la develación del destino de los desaparecidos, de las investigaciones efectuadas en ese proceso simbólico se desprendió el expediente que ahora derivó en estas detenciones.
Los siete policías fueron acusados por el juez federal de acciones contra los derechos humanos anteriores al 24 de marzo de 1976, razón por la cual los detenidos no pudieron ampararse en las leyes de obediencia debida y punto final, que comprenden los hechos cometidos a partir del golpe de Estado que derrocó a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón.