Carina Bazzoni / La Capital
"Mi sueldo de bolsillo en este momento es de 2.800 pesos. Y se supone que nadie en la provincia podría cobrar más que yo". De esta forma el gobernador Carlos Reutemann se sumó ayer a la polémica que desató la publicación de La Capital sobre las desigualdades salariales que existen en la administración pública santafesina. No obstante, advirtió que "el único modo de retomar esta discusión sería hacer una reforma constitucional en la provincia".
El pasado domingo, este diario publicó un informe con datos del Ministerio de Hacienda de la provincia donde se detallan los salarios que cobran los empleados del Estado santafesino en sus distintas reparticiones. Y el trabajo arroja diferencias contundentes: el salario promedio de un agente del Poder Judicial multiplica por 3,7 al de un maestro. Los directores de los hospitales públicos cobran lo mismo que un operario raso de la Empresa Provincial de la Energía, o un agente de policía recibe menos de la mitad de lo que cobra un administrativo que recién ingresa a la Legislatura.
Ayer, en medio de una conferencia de prensa, Reutemann se refirió al tema: "Nadie podría ganar más de lo que gano yo. Pero, a través de los años, eso se ha ido desfasando y, ahora, creo que el gobernador debe estar en la mitad de la grilla. Así que tendríamos que hacer una reforma constitucional y ver cómo se acomoda la pirámide salarial", aseguró.
-¿Es necesario cambiar la Constitución para equiparar los desfasajes que se dan entre los agentes provinciales?
-Así es.
En rigor, la idea de Reutemann no es nueva. El ministro de Salud, Fernando Bondesío, ya había dicho anteayer que la única forma de corregir estas inequidades era mediante una reforma de la Carta Magna provincial, para evitar que lleguen cataratas de juicios contra el Estado por los derechos adquiridos de los agentes a los que se podrían recortar los haberes.
Sin embargo, constitucionalistas consultados por La Capital no consideraron que esta sea una medida acertada. "En principio, cualquier medida que se quiera impulsar que signifique recortar salarios, ya sea por ley o por reforma, quitaría estos derechos adquiridos y no podría evitar que los perjudicados inicien acciones de daños y perjuicios", indicó el camarista Néstor Sagüés. Entonces, para el magistrado, el camino para evitar inequidades en la administración pública no podría pasar por reducir los salarios más altos sino por elevar los haberes de los agentes que cumplen funciones más importantes, como maestros, policías y médicos.
Lo cierto es que la preocupación de Reutemann por lo onerosas que resultan las retribuciones de algunos empleados del Estado, comparadas con la del gobernador, no deja de ser real. Ya en febrero pasado, este diario dio cuenta de más de mil funcionarios y pasivos de la provincia con salarios superiores a los 2.800 pesos que cobra Reutemann. En el listado no sólo figuran las dietas de los 50 diputados y 19 senadores provinciales, sino también los 313 jueces de instrucción, camaristas y ministros de la Corte, y personal jerárquico de organismos descentralizados como el Tribunal de Cuentas, el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), la Defensoría del Pueblo y la Empresa Provincial de la Energía (EPE).
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