La responsabilidad por las muertes ocurridas bajo balas policiales en el desenlace del copamiento al Banco Nación de Villa Ramallo promete ser el punto de discordia entre los alegatos que esta semana presentarán el fiscal y las defensas, en el tramo final del juicio por el caso. Mientras siete de los nueve imputados defenderán su inocencia, la presentación del fiscal no perdonará a ninguno de ellos: Eric Warr pedirá duras penas para todos los procesados al entender que "de lo surgido en las audiencias no hay ningún elemento que justifique retirar las acusaciones", según anticipó una fuente de la fiscalía. Las defensas, en tanto, centrarán su estrategia en las fallas de la Instrucción y en la insuficiencia de las pruebas.
Luego de un mes de debate sobre la actuación de la banda que preparó el asalto, el juicio oral y público que se desarrolla en los Tribunales Federales de Rosario se encamina a su fin. Esta semana las partes darán a conocer sus argumentos al tribunal. Los defensores insistirán en la inocencia de la mayoría de los imputados (excepto el ladrón Carlos Martínez, que sobrevivió a la balacera; y Mónica Saldaña, que confesó su participación). El fiscal, en cambio, pedirá la condena de todos ellos.
Es que a raíz de las pruebas presentadas a lo largo del juicio, entienden en el entorno de Warr, existen elementos suficientes para acreditar que los nueve tuvieron algún rol. Aunque resta definir qué tipo de responsabilidades les cabe dentro de la diversidad de delitos que componen el hecho: intento de robo calificado, privación ilegal de la libertad, tenencia de explosivos, homicidio en ocasión de robo y asociación ilícita.
"En este momento estamos estudiando las calificaciones a imponer a los imputados. Es necesario establecer si son responsables de todo el hecho o hay alguna limitación", reveló la fuente. De todos modos, si algo tienen claro los asesores de Warr es que las penas que pedirán no serán leves: "Los hechos que se están juzgando son graves. Hay tres personas muertas. Por lo tanto, las penas van a ser graves".
La cuestión de quién debe responder por los homicidios -si los que planificaron el golpe o la policía que disparó- será central en el interjuego de argumentos. Esta causa, la 1078/99, sólo juzga el intento de robo y la toma de rehenes. La fuga y su fatal resultado son tema de otro proceso actualmente en trámite, en el que hay once policías procesados y tres de ellos fueron acusados de homicidio simple, lo que implica intencionalidad. Sin embargo, para la ley, quien comete un robo debe hacerse cargo de todas las consecuencias que esto acarree. Incluso si durante el asalto se produce un crimen. Para eso es necesario probar que las muertes fueron efecto del robo y que no tuvieron otro móvil.
En este punto harán su anclaje las defensas: según se esbozó a lo largo de las audiencias, intentarán demostrar que las muertes ocurrieron por causas ajenas al robo. Desde impericia policial, negligencia, fallas en la cadena de mando, falta de coordinación, encubrimiento de un posible nexo policial con la banda o animosidad para con el imputado Martín Saldaña, quien sobrevivió al desastre pero apareció ahorcado en una comisaría horas después. El fiscal interpretará lo contrario y cargará las muertes sobre los imputados del robo.
La necesidad de determinar cuál fue la oscura vinculación entre el asalto y su desenlace -y por lo tanto los responsables de los crímenes- motivó que el juicio hiciera foco en la actuación policial que provocó la masacre, en ocasiones con más énfasis que en el robo en sí.
El peso de las llamadas
Cerca de Warr están convencidos de que sobran pruebas contra los detenidos. En ese sentido, cuentan con un arma fundamental para fundamentar las acusaciones: los listados de llamados telefónicos. Estos informes dibujan un constante cruce de comunicaciones entre los sospechosos. Incluso existe un estudio (no se dio a conocer en las audiencias) que diagramó la trama de contactos paso a paso, día a día y preso a preso. Cómo pesará esta pericia sobre las espaldas de los detenidos recién se sabrá cuando Warr haga su planteo.
En la fiscalía entienden que esas pericias son una prueba fuerte: con escaso margen de error por ser establecidas por computadora, parecen más contundentes que los dichos teñidos de olvidos y confusiones de los testigos. Aunque presentan un inconveniente que las defensas se ocuparán de resaltar: acreditan cruces de llamadas pero no quién las hizo, quién contestó ni cuál fue el contenido de la conversación. Algo que los encargados de la acusación piensan compensar con un análisis del "concurso de pruebas": aseguran que al analizar los indicios en su conjunto, las participaciones de los imputados en el caso resultan evidentes.
Los representantes de los acusados, en cambio, dirán que las pruebas no alcanzan o las pondrán en duda remarcando las falencias de la investigación. Es el caso de un álbum prontuarial usado para reconocer sospechosos, un dudoso allanamiento practicado al domicilio de Mónica Saldaña, las confesiones presuntamente obtenidas bajo apremios o la práctica de interrogar testigos en sede policial. "No ha habido ninguna prueba de cargo en contra de mi cliente. Sin dudas tiene que ser absuelto", aseguró al respecto el abogado de Alberto Aguirre, Carlos Varela.
Más allá de las interpretaciones de las partes, los únicos que podrán establecer si las pruebas son (o no) válidas y suficientes son los jueces Laura Cosidoy, Santiago Harte y Otmar Paolucci. De cómo ellos valoren los elementos del juicio dependerá el final del emblemático caso.
La Ciudad
