Año CXXXV
 Nº 49.600
Rosario,
viernes  13 de
septiembre de 2002
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Recordaron a policías muertos en un atentado

La Jefatura de la Unidad Regional II recordó ayer a los nueve efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería que murieron en un atentado contra el colectivo que los llevaba de regreso de prestar un servicio adicional en el estadio de Rosario Central.
Al cumplirse 26 años del ataque, las autoridades del Ministerio de Gobierno y de la policía rosarina recordaron a los agentes fallecidos con dos actos.
El 12 de septiembre de 1976 fallecieron los policías Carlos Gonzales, Eduardo Jorge Ferri, Andrés Alberto Acosta, Darío Héctor Pietrani, Hugo Alberto Pelegrina, Juan Domingo Matiasevich, José Luis Boggino, José María Gutiérrez y Domingo Hipólito Alfonzo.
El primero de los actos se cumplió a la misma hora en que ocurrió el episodio y en el mismo lugar: la esquina de Junín y Rawson. Allí frente a un monolito que recuerda a los policías caídos, se colocaron ofrendas florales. Del homenaje participaron el subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez; el jefe de la policía provincial, comisario general Ricardo Milicic, y el titular de la Unidad Regional II, comisario mayor Jorge Pupulín.
El acto central se realizó una hora después en la Jefatura. Allí, presidido por el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, el capellán ofició un responso y luego el comisario Miguel Angel Rodríguez, jefe del CGI, pronunció un discurso.
El atentado criminal contra los policías del CGI desató una oleada represiva de los grupos paramilitares que actuaban durante aquella época de la dictadura militar. Los testimonios reunidos en la denominada causa Feced, que documenta los actos de terrorismo de Estado en Rosario, y los acopiados por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), destacan cómo recrudeció la persecución de militantes políticos y sociales de la zona de Rosario a partir del ataque al colectivo. Entre los casos inscriptos en esta réplica son citados la denominada masacre de Los Surgentes, octubre de 1976, en la que fueron asesinadas y sepultadas clandestinamente siete personas. Y la desaparición seguida de muerte de tres miembros de la familia Labrador un mes después. Por estos casos la Justicia de Italia y España requirieron la extradición de los mandos policiales y militares responsables.


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