La Corte Suprema de Justicia de la Nación postergó ayer la definición sobre la constitucionalidad de la pesificación de los fondos en los bancos, al no reunir la mayoría necesaria para pronunciarse sobre la cuestión. De esta forma, la Corte y el gobierno siguen jugando un póker en el cual los titulares del Poder Judicial quieren zafar del juicio político y advierten sobre la posibilidad de declarar inconstitucional el corralito y la pesificación, lo cual sería un golpe gravísimo sobre los planes del Ministerio de Economía. Mientras tanto, ayer se frustró una sesión de la Cámara de Diputados para tratar el juicio político a los miembros de la Corte.
La Corte decidió tomarse un tiempo más para resolver la cuestión sobre la pesificación, a la espera que en el Congreso de la Nación se resuelva el juicio político contra los miembros del alto Tribunal.
Durante el acuerdo, estuvieron presentes los nueve miembros de la Corte, pero dos de ellos, los ministros Enrique Petracchi y Gustavo Bossert, se excusaron en los casos vinculados al corralito porque, según dijeron, tienen fondos bloqueados en los bancos.
Entre los otros siete jueces del tribunal, Eduardo Moliné O'Connor, el presidente Julio Nazareno, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Antonio Boggiano, Guillermo López y Adolfo Vázquez, no se logró el mínimo de cinco opiniones concordantes para expedirse sobre las causas que llegaron a la máxima instancia judicial. "Seguiremos debatiendo", dijo el vicepresidente del tribunal, Moliné O'Connor, al término del acuerdo celebrado ayer por la mañana en el cuarto piso del Palacio de Justicia.
El "Caso Acerbo"
Uno de los expedientes que estudia la Corte es el "Caso Acerbo" en el que un ahorrista promovió una demanda contra el Banco de Chubut, para que le restituya 1,2 millón de dólares y en esa moneda. Como esos fondos quedaron pesificados y reprogramados, los ahorristas reclaman que, mientras dure el juicio, el banco dé marcha atrás con la pesificación y deje el depósito en dólares.
En esa causa, como en otras decenas de miles que tramitan en las instancias inferiores de la Justicia, se impugnó la validez del decreto 214/02 que fijó una paridad de 1,40 peso por cada dólar depositado en las entidades financieras, previo al establecimiento de las normas que restringieron el retiro de los fondos.
Días atrás, Nazareno sostuvo que el "Caso Acerbo" podría tener una resolución, ya que en aquella ocasión -el acuerdo del jueves pasado- Boggiano había pedido a sus pares "una semana más de tiempo para elaborar su voto".
Esa semana de plazo se cumplió ayer, y todos esperaban que la Corte se expidiera. Ayer, bien temprano en la mañana cuando ingresaba al tribunal, Augusto Belluscio recomendó consultar con una "adivina" para saber si la Corte iba a resolver sobre la cuestión, dando una idea de lo intenso de las negociaciones.En un primer momento, las versiones incluían a Boggiano, junto a Nazareno, Moliné O'Connor, López y Vázquez en el quinteto de opiniones contrarias a la pesificación, pero luego el primero presentó un nuevo borrador que pasó a estudio de los otros magistrados.
En tanto, Boggiano sostiene que la cuestión planteada ante la Corte se tornó "abstracta", luego de las recientes medidas del Poder Ejecutivo relacionadas con la restitución de los depósitos con bonos. "Ahora con más razón" afirmó el ministro -según una fuente vinculada al tribunal- haciendo referencia a los anuncios del Ministerio de Economía sobre la devolución en efectivo de hasta 7.000 pesos a partir del 1º de octubre.
La Corte podía pronunciarse sobre una medida cautelar que pidieron los demandantes o directamente -como lo hizo en el "Caso Smith"- fijar su postura sobre el fondo de la cuestión convalidando o declarando la inconstitucionalidad de la pesificación.
En el "Caso Smith", resuelto el 1º de febrero último, el supremo tribunal afirmó que el bloqueo de fondos y las normas que lo sustentaban afectaban el derecho de propiedad y el principio de razonabilidad, establecidos en el la Carta Magna.
Según trascendió de los pasillos de tribunales, Nazareno, Moliné O'Connor, Vázquez y López están a favor de conceder la cautelar al ahorrista Miguel Acerbo para que su depósito, por 1,2 millones de dólares, se mantenga en moneda estadounidense pero no se le devuelva hasta tanto la Corte no se pronuncie sobre el fondo de la cuestión.
Contra ese criterio se pronunciarían, juntos, Belluscio y Fayt -ya habría un borrador de voto elaborado- quienes destacarían la necesidad de la "solidaridad" en la recuperación de fondos, en tanto que Boggiano sostendría que "no es necesario" emitir una medida cautelar en el caso Acerbo.
Así las cosas, fuentes judiciales valuaron que la resolución podría postergarse "por lo menos hasta principios o mediados de octubre próximo", a menos que alguno de los jueces que fijaron criterio minoritario "se dé vuelta y decida dar mayoría".
Ayer, un ministro pronunció off the record una frase emblemática en la historia reciente de la Argentina: "El que depositó dólares, recibirá dólares; el que depositó pesos, recibirá pesos". Pero agregó: "Quienes tengan montos elevados, deberán tener un poco de paciencia".
Las dificultades para conseguir una mayoría de cinco votos hizo que se analizara otra vez la integración de la Corte con conjueces. Uno de los ministros de la Corte que vota en las causas sobre el corralito expuso que para incorporar conjueces (serían los presidentes de las cámara federales) se estudiarán los expedientes que lleguen al tribunal caso por caso.
Pero en los pasillos circula cada vez con mayor insistencia la versión que indica que uno de los conjueces sería el presidente de la Cámara en lo Contencioso Administrativo -el fuero originario de las causas contra el corralito-, el juez Guillermo Pablo Galli.
Juicio político: tropezó la marcha atrás
En tanto, ayer se frustró la sesión en la Cámara de Diputados que debía tratar el juicio político a los miembros de la Corte Suprema, ya que la UCR se negó a dar quórum ante la exigencia del oficialismo de habilitar el debate sobre la acusación contra los miembros del tribunal.
Esta situación abre una posibilidad de especulación para los miembros de la Corte Suprema, ya que el fallo sobre la pesificación es el último argumento que tienen para presionar un dictamen favorable en el juicio que deberán dictar los legisladores.
La Ciudad
