Jorge Vogelsanger
Madrid.- El partido independentista vasco Batasuna (Unidad), considerado el brazo político de los terroristas de ETA, tiene las horas contadas. El pleno del Congreso de los Diputados se reunió en sesión extraordinaria para instar al gobierno a pedir al Tribunal Supremo la ilegalización de la formación liderada por Arnaldo Otegi en base a la nueva ley de partidos, que prevé la prohibición de organizaciones que amparen el terrorismo. El proceso de ilegalización, que el gobierno remitirá al Tribunal Supremo a comienzos de septiembre, puede durar unos seis meses. Pero aun así, Batasuna técnicamente dejó de funcionar como partido, ya que aparte de la política hay una vía penal en curso contra la agrupación. La última vez. "¡Fascistas!¡fascistas!", gritaba una multitud enardecida el pasado viernes en Bilbao, en un acto de Batasuna contra su prohibición. Pero esta manifestación, en la que participaron unas 5.000 personas, podría haber sido la última protesta pública legal de este partido. Para los separatistas, que reivindican la independencia del País Vasco, la ilegalización es un terremoto político. Batasuna, el cuarto partido con mayor representación en esa comunidad, tiene allí y en la vecina Navarra 62 alcaldes y casi 900 concejales, además de 15 diputados en ambos parlamentos regionales. La agrupación, fundada hace 24 años tiene una base de 150.000 a 200.000 electores. El gobierno conservador de José María Aznar, quien manifestó no estar dispuesto a seguir tolerando que la "basura como los líderes de Batasuna se paseen impúnemente por las calles", y la oposición socialista están convencidos de que con la ilegalización se dará un importante paso en la lucha contra el terror de ETA. Ni un segundo. Si bien Aznar este fin de semana admitió que el final de Batasuna no significará el fin de ETA, expresó la certeza de que "lo van a tener mucho más difícil y que es un paso útil y necesario para acabar de una vez con esta pesadilla. No le vamos a dar ni un segundo de respiro a Batasuna", enfatizó. Pero los detractores de la iniciativa, como el PNV o los obispos vascos, advierten que la prohibición puede llevar a que muchos simpatizantes de Batasuna opten por la clandestinidad o incluso la pertenencia directa a ETA, lo que a su juicio sólo contribuirá a agravar el conflicto. Los terroristas de ETA ya han amenazado que responderán a la ofensiva contra Batasuna con más atentados. Y Otegi -cabeza visible de Batasuna-, afirmó que "el País Vasco se convertirá en el Stalingrado político del fascista Aznar", al tiempo que llamó a sus seguidores a "luchar" contra la iniciativa. Una democracia digna. Para el ministro español de Justicia, José María Michavila, en cambio, "una democracia digna y de calidad no puede seguir permitiendo que se utilice la propia democracia para asesinar, chantajear y aterrorizar". Batasuna siempre ha sido una espina en el ojo del gobierno central. La agrupación no ha condenado ninguno de los más de 800 asesinatos de ETA, sino que, al contrario, intenta justificarlos. Pero hasta ahora, Madrid no tenía instrumentos legales para enfrentarse al partido independentista. Eso cambió en junio de este año, cuando gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular (PP) y el apoyo de los socialistas, el Congreso aprobó la nueva ley de partidos políticos. Pocos dudan de que el proyecto fue especialmente concebido contra Batasuna. Para Garzón, que impulsa la vía penal y lleva cuatro años investigando a Batasuna, no cabe duda de que la formación no es sino un apéndice de ETA, y que sólo cumple órdenes al servicio "de los fines terroristas" de ésta.(DPA)
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