Santa Fe. - El diputado socialista Eduardo Di Pollina anticipó ayer a La Capital que pasado mañana concretará su presentación formal ante la Justicia y pedirá al fiscal de turno en lo penal la investigación del arzobispo de Santa Fe, monseñor Edgardo Gabriel Storni, por la posible comisión de delitos de corrupción y abuso sexual. El legislador solicitará que se reclame por vía diplomática al Vaticano el informe que ordenó la Santa Sede sobre el prelado.
De esta manera, Di Pollina incorpora otro elemento más de significativa importancia a los distintos reclamos para una investigación profunda de los hechos que estallaron a partir del lanzamiento del libro "Nuestra Santa Madre" de Olga Wornat, y que evidentemente van mucho más allá de un eventual delito por corrupción y abuso sexual descripto en el texto.
Es que luego de salir a la luz este secreto tan bien guardado durante una década, las esquirlas que dispersó la explosión en distintas direcciones está dejando en su camino a no pocos heridos, algo lógico de suponer si se tiene en cuenta que monseñor Storni fue propietario de una porción muy importante de poder -fundamentalmente político- en la provincia durante las últimos veinte años.
Nadie puede negar en este sentido el dedo del arzobispo en la designación de funcionarios en áreas del Estado provincial o del municipio, sobre todo en lo social y en lo educativo. Ni tampoco se puede dejar de reconocer que su opinión se tornó decisiva en determinadas sanciones legislativas como se ha podido comprobar ahora a partir de la apertura de esta Caja de Pandora, y de las revelaciones que se están conociendo.
En este contexto, Di Pollina reafirmó ayer que "sin Justicia, existe impunidad y sospecha", y agregó que "según las mismas denuncias, el propio Vaticano merituó en su oportunidad la necesidad de una investigación, y si bien respondían a otra órbita, habrían aportado elementos suficientes para incriminar a Storni en los delitos de corrupción de menores bajo la guarda o tutela del nombrado".
Destacará en la presentación el legislador que "las investigaciones llevadas a cabo por el Vaticano han sido plenamente confirmadas como también el hecho que se realizaron en Paraná como un modo de apartar de la misma a quien ejerce, con reconocida influencia, la máxima autoridad eclesiástica en la ciudad de Santa Fe, y garantizar a quienes habrían sido víctimas y testigos la mayor seguridad de la que se carecería en la ciudad de Santa Fe".
Otro de los elementos que señalará pasado mañana Di Pollina ante la Justicia es que "la investigación hecha por el Vaticano no es común y fue realizada en base a la gravedad que deriva de la jerarquía del investigado y del grado de dependencia de quienes habrían sido las víctimas. Con el agravante de que se trataría de jóvenes cuyas familias le habrían confiado la formación educacional y espiritual a quien aparece como victimario en las denuncias periodísticas. De esta manera, estaría configurado el delito de corrupción que habilita la intervención de oficio del Poder Judicial".
Entre las medidas que el diputado socialista pedirá al fiscal para que promueva la investigación se destaca la solicitud por vía diplomática de la remisión de la investigación efectuada por orden del Vaticano en la ciudad de Paraná en 1994.
Complementariamente se requerirá las declaraciones testimoniales de quien llevó a cabo la investigación en la capital entrerriana, el actual arzobispo de Mendoza, monseñor José María Arancibia, y de la autora del libro, Olga Wornat -algo que se descuenta que realizará en pocos días el juez Eduardo Giovannini-, y especialmente se le solicitará al fiscal que públicamente cite a todos los que tengan algo que aportar por estar directa o indirectamente en conocimiento de hechos vinculados a la causa para que declaren espontáneamente brindándoles las seguridades del caso.
Derivaciones económicas
Al mismo tiempo, el legislador y sus asesores jurídicos continuaban analizando las derivaciones de algunos hechos denunciados en el libro y que tienen que ver con lo económico, como en los casos donde se habla de "subsidios millonarios" durante el gobierno de Jorge Obeid, o cuando se menciona a un eventual pacto que permitió el alumbramiento de la ley de casinos en la provincia, entre otros.
Destacó también Di Pollina, que de "no actuar la Justicia, único mecanismo institucional previsto para la investigación de la verdad real, para algunos habrá triunfado la impunidad, y para otros quedará en forma permanente un grado de sospecha intolerable para el sistema republicano, garantizado por la Constitución, que consagra el principio de que todos los habitantes somos iguales ante la ley".
La Ciudad
