Robos a mano armada. Arrebatos de bicicletas, carteras y zapatillas. Vandalismo. Indices cada vez más altos de violencia: tiros, apuñalamientos y golpes a toda hora. La escalada delictiva que amedrenta a los rosarinos y los sumerge en un eventual estado de indefensión llevó al gobierno provincial a constituir el Consejo de Seguridad de Rosario. El organismo creará juntas barriales integradas por vecinos, autoridades policiales y miembros de la comunidad. "Hay que crear ámbitos en los que el comisario deje de ser un extraño, que deje de estar escondido", advirtió el ministro de Gobierno santafesino, Esteban Borgonovo.
El consejo, que trabajará en la prevención del delito y en la "optimización de la labor policial", fue refrendado ayer por el intendente Hermes Binner, funcionarios provinciales, policiales, representantes barriales, empresariales, eclesiásticos y organizaciones no gubernamentales.
El proyecto contempla que al menos funcione una junta vecinal por cada seccional policial, que serán reguladas mensualmente por el consejo, el que tendrá la oficina en la sede local de la Gobernación.
Borgonovo resaltó la respuesta a la convocatoria y el consenso logrado a lo largo del encuentro, en el que estuvieron representados la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el Ministerio de Educación, la Iglesia y el empresariado, entre otros sectores.
En un extenso documento el ministro expuso el marco teórico de la creación del consejo, en el que se enuncian los problemas más acuciantes como la desconfianza ciudadana frente a las fuerzas de seguridad, los hechos de corrupción policial, los delitos callejeros o predatorios y el aumento de la violencia.
"Partimos de reconocer una situación muy grave de delincuencia en la ciudad", advirtió el ministro. Las juntas de seguridad barriales integradas por vecinalistas, directores de escuelas, autoridades policiales, municipales y miembros de la comunidad universitaria implementarán nuevas políticas de seguridad en cada seccional.
En primer lugar se abordará la recuperación del espacio público como forma de reducir las oportunidades para cometer delitos. Iluminación de calles y plazas, apertura de calles y desmalezamiento de baldíos se cuentan entre los emprendimientos.
La otra política, netamente social y de más largo aliento, apunta a rescatar de la línea de la ilegalidad y marginalidad a importantes sectores de la población.
"Hay muchas experiencias en el mundo de este tipo, pero aquí no se han desarrollado demasiado", resaltó Borgonovo. Al respecto, elogió un proyecto similar que puso en funcionamiento el ex ministro de Gobierno, Roberto Rosúa, en la anterior gestión de gobierno. "La filosofía es similar, esperamos que nosotros podamos desarrollarla de modo más contundente", indicó.
Ciudad insegura
Los datos de la inseguridad pública son contundentes. En dos años el delito denunciado ante las fuerzas de seguridad subió en Santa Fe casi un 30 por ciento. En total, en el territorio provincial se registraron 95.799 delitos, de los cuales 58.341 fueron contra la propiedad y 23.189 contra las personas. Estos números ponen a la provincia en el cuarto lugar delictual en el país después de Capital Federal, Córdoba y Buenos Aires.
"El delito creció en todo el país, y aquí también, pero se está frenando de alguna manera el crecimiento", explicó el ministro, quien aclaró que no se puede hacer una radiografía de peligrosidad de la ciudad en su conjunto porque cada barrio tiene sus propias características. "Es fundamental aprovechar al máximo la colaboración entre el sector público y el privado para construir una ciudad más segura, con la particularidad de cada barrio", apuntó.
Para el ministro, abrir las comisarías es uno de los temas fundamentales para que la población participe de las juntas. "Los comisarios, junto a los directores de escuelas y las vecinales pueden hacer una radiografía del lugar y actuar en consecuencia", señaló, para agregar: "De esta manera la gente se anima a denunciar, a identificar los problemas e incluso hacer propuestas para colaborar con la prevención".
La construcción de nuevas relaciones de confianza entre las instituciones policiales y fuerzas de seguridad con los ciudadanos es otro de los puntos que la cartera tiene en mente. "Es importante la transformación de las instituciones para facilitar su adaptación a las nuevas estrategias", afirmó. Esta desconfianza, según el ministro, se evidencia en el escaso nivel de denuncias de las víctimas de delito ante la policía.
La Ciudad
