Carlos Walter Barbarich / La Capital
Venado Tuerto. - La dura controversia entablada entre los concejales justicialistas y el titular del Area de Salud VII, Alfredo Botta, parece no tener fin. A la acusación directa de los ediles contra el funcionario por un supuesto manejo irregular de recursos, se suma su respuesta diciendo que todo es una cuestión política. "Al funcionario se le imputa que a pesar de ser el titular de salud en la zona posee un geriátrico en Firmat que estaría a nombre de su esposa, Elsa Dellarosa, que no está habilitado y que recibe subsidios oficiales para su funcionamiento", reveló el peronista Jorge Lagna.
"A partir de una resolución del Concejo han surgido derivaciones insospechadas en torno al proceder de Botta en el ejercicio de sus funciones públicas, ya que su conducta podría ser cuestionada, no sólo desde un plano ético y moral sino en lo rayano a lo delictual por probables abusos, incompatibilidades e incumplimientos con los deberes de funcionario público", remarcó el edil.
Por tal motivo el bloque justicialista presentó un proyecto de resolución, que fue aprobado por unanimidad, en donde le solicitan al Ministerio de Salud de la provincia que investigue si hubo irregularidades administrativas en la zona VII.
Sostienen además que ese geriátrico habría sido beneficiado con pensiones graciables no contributivas. El propio Lagna admitió además que "habría otros establecimientos de ese tipo en las que estaría participando de una manera solapada el funcionario".
Por su parte, el auditor médico de la Zona VII de Salud, Abel Pistritto, señaló que "el geriátrico en cuestión, denominado La Ciudad, no cumplió con el requisito primario para su habilitación y no dio respuesta completa a la documentación exigida".
Pero más curioso aún es que sólo dos geriátricos del departamento General López están habilitados para funcionar, pese a que existen decenas de esos establecimientos. Si bien la no habilitación no implica la inhabilitación de los mismos, no menos curioso es que haya tantos en esa condición.
Pistritto admitió que no tiene poder de policía para clausurar los geriátricos y que esa determinación corre por cuenta de la auditoría. No obstante una fuente provincial confirmó que se está investigando si se envió la documentación correspondiente para determinar si realmente el área de salud de Santa Fe estaba al tanto de la situación denunciada por los concejales peronistas.
En tanto, el edil Miguel Pedrola admitió que "lo más grave aún radica en el hecho de que Botta admitió que su geriátrico recibe fondos públicos provenientes de cápitas abonadas por el programa Profe y del sistema que favorece a los beneficiarios de pensiones no contributivas o graciables, (ley 5.110), destinadas a la atención médica e internación de abuelos carenciados".
"El propio Alfredo Botta, como máximo representante de la salud departamental, tiene ingerencia directa en el otorgamiento de tales beneficios a personas e instituciones médicas, llámese geriátricos que reciben las cápitas mensuales, por lo que a prima facie resulta sospechoso", relató Pedrola.
Para echar más leña al fuego admitió que "ello nos autoriza a pensar que estamos en presencia, como mínimo, de una grave falta a sus deberes éticos y morales por parte del titular de salud departamental, si se comprueba que discrimina y perjudica a otros establecimientos en beneficio del geriátrico de su esposa, (que no está habilitado), obteniendo los citados fondos públicos en su provecho personal".
Luego se preguntó: "¿Es serio que el jefe de la zona de salud diga que posee un geriátrico, (o su esposa), y pasan cuatro años sin habilitarlo, porque ello no es un trámite sencillo como una patente de auto?" y agregó: "Tal situación objetiva ameritaría sin más la inmediata destitución del funcionario".
¿Puede ese geriátrico no habilitado, es decir que no cumple con las normas legales vigentes, recibir dinero proveniente de programas nacionales o provinciales de la seguridad social?, siguió interrogándose el concejal para añadir que "la situación se agrava por el hecho de que la propietaria es la esposa de la principal autoridad de la salud pública departamental y que el propio Samco de Firmat posee un geriátrico perfectamente habilitado".
Finalmente, en los considerandos de la resolución se afirma que pide a las autoridades provinciales a que procedan a efectuar una exhaustiva y profunda investigación en el plano administrativo acerca de los hechos que tienen como protagonista a Botta, a cargo de la zona de salud del tercer departamento provincial, a fin de deslindar las responsabilidades pertinentes y aplicar los correctivos necesarios; y en su caso, enviar las actuaciones al fuero criminal, de ser menester".
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