Casilda. - A casi tres meses del Casildazo la mayoría de los organismos oficiales y empresas de servicios públicos que fueron incendiadas aún tienen dificultades para normalizar sus sistemas de comercialización y de atención al público, y la comunidad sufre las consecuencias. Problemas para tramitar la liquidación de deudas tributarias o actualizar facturas de luz pendientes de pago son algunos de los inconvenientes más comunes con los que se topan diariamente los casildenses. A eso se suma el incordio que significa reconstruir los expedientes que se quemaron en las delegaciones locales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), la Administración Provincial de Impuestos (API) y la Empresa Provincial de la Energía (EPE). La mayoría de esa documentación afecta a jubilados o personas que están gestionando ese beneficio.
Todo parece indicar que la violenta jornada de protesta del pasado 15 de enero lejos de beneficiar a la ciudad trajo complicaciones. Sólo quedaron los recuerdos de las imágenes que recorrieron el mundo mostrando bancos destrozados y locales quemados, y la visita de periodistas de la BBC de Londres que reflejaron a nivel internacional su visión de los incidentes. A medida que pasa el tiempo los efectos negativos del Casildazo parecen notarse cada vez más en las cuestiones domésticas. Aun en el ámbito político local se comenta que el gobierno provincial "esta de punta con Casilda", tras ese episodio, aunque las autoridades santafesinas lo niegan. (Ver aparte)
Facturas e impuestos vencidos
Las secuelas del Casildazo se notan y se sufren. Los usuarios que necesitan actualizar sus facturas atrasadas, formalizar convenios de pago o hacer otros trámites debieron trasladarse hacia Rosario, Arequito o San José de la Esquina o esperar que la delegación casildense de la EPE habilite sus nuevas oficinas en Fray Luis Beltrán y Ovidio Lagos porque el local donde funcionaba fue devorado por el fuego. El incendió arrasó con todo: muebles, computadoras y varios archivos que la empresa recompondrá de a poco. "La mayoría de la documentación correspondía a grandes contribuyentes, pero las deudas no desaparecieron", se apuró en aclarar el jefe de la EPE casildense, Juan José Giandana, quien además aseguró que llevará tiempo reordenar la papelería.
La empresa ya gastó unos 30 mil pesos en ambientar el edifico donde funcionará la administración desde mañana. "Los destrozos los terminó pagando el pueblo", dijo Giandana, y consideró que la EPE "no merecía ser atacada de esta forma porque siempre dio posibilidades a la gente para pagar". Antes del Casildazo la EPE local recaudaba unos 15 mil pesos diarios y atendía entre 600 y 800 personas por semana. Si bien durante este tiempo varios clientes recurrieron a otras localidades para actualizar y pagar sus facturas atrasadas, se estima que los ingresos bajaron notablemente debido a las incomodidades que significa trasladarse de un lugar a otro.
Por su parte, la API atiende al público momentáneamente en el local del Consejo de Ciencias Económicas (Moreno 2276) aunque sus tareas están restringidas por falta de sistema informático. Los contribuyentes deben esperar que los trabajadores del organismo gestione los trámites en Rosario o viajar ellos hacia esa ciudad para ganar tiempo, aunque pocos lo hacen por los costos. El edificio de Moreno 2276 donde funcionó la API lo están refaccionando. Se estima que la repartición retomará sus tareas allí entre mediados y fines de este mes. Las pérdidas fueron totales y no se descarta la posibilidad de pedir la colaboración de instituciones para equipar las oficinas ya que la provincia, por ahora, no garantizó la compra de muebles.
Por el momento los empleados de la API priorizan los trámites por moratorias y recién una vez restaurado el sistema comenzarán con la tarea de recuperación de la documentación perdida. Se quemaron más de 300 expedientes entre los que se destacan pedidos tramitados por jubilados para ser eximidos del pago de los impuestos provinciales, inscripciones y clausuras de negocios. "Las tareas se complicaron y retrocedimos unos diez años en la forma de trabajo" contó a La Capital la jefa de la API casildense, Dilce Mijoevich. "Al no contar con sistema -añadió- tenemos que viajar a Rosario para cumplimentar los trámites y además esperar que se desocupen las computadoras para trabajar". La repartición casildense también comprende a Sanford, Bigand, Chabás, Villada, Los Molinos, Fuentes y Pujato, razón por cual la demanda de trámites es importante.
Los oficinas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) fueron también afectadas por los incendios, y sus consecuencias no fueron menos lamentables para los casildenses. La sección autónomos fue alcanzada por las llamas y se quemaron numerosos expedientes de trámites jubilatorios que serán reconstruidos a medida que los damnificados se acerquen al organismos para resolver su situación. Las perdidas de la Afip fueron estimadas en cerca de 30 mil pesos.
Aguas Provinciales de Santa Fe casi normalizó su atención al público, excepto la recepción de reclamos y la cancelación de facturas con tarjeta debido a inconvenientes que tiene su sistema informático. Los usuarios pueden llamar al teléfono 422123, que está conectado con la central de Aguas en Rosario, para reclamar. El edificio fue quemado íntegramente, razón por la cual Aguas trasladó definitivamente su parte administrativa a un predio que posee en Ovidio Lagos 3280. Las pérdidas ocasionadas por el incendio superarían los 200 mil pesos.
Por otra parte, los bancos destruidos en el Casildazo están operando con normalidad, pero sufrieron cuantiosas pérdidas en roturas de vidrios y computadoras.
La Ciudad
