Año CXXXV
 Nº 49.386
Rosario,
domingo  10 de
febrero de 2002
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Reforma política. Buscan respaldo para modificar la Constitución provincial
Los dirigentes quieren "aggiornar" sus prácticas a las demandas sociales
Los referentes santafesinos acuerdan un cambio de transparencia democrática. Dudas sobre su aplicación

Walter Palena / La Capital

Por autosalvación o convencimiento, la mayoría de los líderes partidarios acordaron como política de Estado reformar las prácticas institucionales y bajar el gasto que demanda su funcionamiento. El presidente Eduardo Duhalde se puso al frente de lo que él llama la Segunda República en un discurso que se difundió el viernes por la noche, casi a la misma hora en que miles de argentinos salieron nuevamente a batir cacerolas y a repetir la consigna de siempre: "Que se vayan todos". Más allá de las buenas intenciones, el futuro del osado plan reformista y de su propio impulsor (Duhalde) tiene una variable económica: si el FMI no desembolsa el dinero que imploran desde el Ministerio de Economía, la reforma política naufragará como el mismo país.
De esto están al tanto en el laboratorio político de Santa Fe. El gobernador Carlos Reutemann fue el encargado de transmitir esta inquietud en varias reuniones que mantuvo con referentes de otras fuerzas y distintos sectores que agrupan a los empresarios. "Si no se pone en marcha el aparato productivo, no hay reforma política que aguante", fue la apretada síntesis que le hizo a La Capital un alto dirigente del PJ que participó de esos encuentros.
Reutemann, al igual que el resto de los gobernadores, avaló la reforma política que impulsa Duhalde. Pero sabe que la mayoría de los puntos que presentó en el paper no serán de aplicación inmediata como demanda la población. Es más, muchas de las modificaciones al sistema necesita sí o sí de una reforma de la Constitución provincial, como la reducción de legisladores y la aplicación de la unicameralidad.
Este último punto aparece como uno de los más polémicos. El vicegobernador Marcelo Muniagurria advirtió a La Capital el peligro de simplificar el debate político a la necesidad de que Santa Fe cuente con una sola Cámara como único requisito para bajar el gasto. "La discusión no pasa por tener una o dos Cámaras. Esto no sirve si en paralelo no se ponen en marcha políticas que reactiven la economía", opinó Muniagurria, en consonancia con la prédica que viene sosteniendo el propio Reutemann.
De paso, el vicegobernador aseguró que el gasto de la Legislatura se ciñe a lo que condicionó Duhalde en la reforma. Esto es, que su mantenimiento demanda una erogación que no supera el 1,5 por ciento del presupuesto global de la provincia. "Desde hace dos años Santa Fe viene haciendo lo que ahora nos reclama la Nación", se envalentonó, e incluso desafió a comparar números con la provincia de Córdoba, donde su gobernador, José Manuel de la Sota, apareció como visionario y abanderado de la austeridad política.

Representatividad
La idea de reducir un 25 por ciento de los legisladores (una poda de 64 diputados en la Cámara baja nacional) cosecha rechazos y adhesiones por parte de referentes santafesinos. Lo mismo ocurre con la propuesta de votar cada cuatro años, y no cada dos como se hace actualmente. En algo están de acuerdo: que todos los mandatos terminen en el 2003 y que el 14 de septiembre del mismo año (fecha prevista para las próximas elecciones) se elija todo de nuevo.
Sobre el primer punto, los diputados Rubén Giustiniani (PSP) y Alberto Piccinini (ARI) advirtieron que detrás de la reducción de legisladores, el gobierno esconde la intención de "limitar la participación" de los llamados partidos chicos o "eliminarlos" directamente, profundizando el sistema bipartidista.
"El eje de la discusión debe pasar por cambiar el modelo y la distribución de la riqueza, no por una reforma política que se queda en la mera formalidad", apuntó Piccinini. En el mismo sentido, Giustiniani opinó que las modificaciones al sistema institucional pueden derivar en una menor participación de la ciudadanía.
El diputado socialista abonó esa teoría en caso de que prevalezca la hipótesis de renovar autoridades cada cuatro años. "Puede ser cierto que de esa manera se evita el desgaste político, pero hay menos oportunidad de que la gente premie o castigue a sus dirigentes en forma más frecuente", reflexionó.
En la antípoda de ese razonamiento se ubicó Héctor Cavallero. Al líder del Partido del Progreso Social (PPS) le parece "correcto" que se vote cada cuatro años. De esa manera, señaló, los diputados no se van a "entretener" en internas partidarias y dedicarán todo su tiempo a la tarea legislativa. Además, Cavallero mostró sus preferencias por un sistema parlamentario y abandonar definitivamente el régimen presidencialista, como propuso Duhalde en el discurso del viernes a la noche.
En momentos en que pesa la condena social hacia los políticos, todos coincidieron en la necesidad de "revalidar títulos" en el 2003 como una forma de legitimar lo que hoy tanto se cuestiona. También están de acuerdo de eliminar la lista sábana para darle más transparencia a una democracia jaqueada.



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