Si bien el gobierno nacional y las provincias acordaron algunos puntos que formarán parte de la reforma política, rápidamente aparecieron algunas voces que advirtieron que una reducción en el aparato político no implica necesariamente una reducción del gasto. Antes de las deliberaciones, el mandatario de Santa Cruz, Néstor Kirchner, propuso "la caducidad voluntaria de todos los mandatos y que en un plazo determinado del 2002 la sociedad renueve a toda la dirigencia". Su colega de San Juan, Alfredo Avelín, remarcó que "la reforma es necesaria para lograr la credibilidad de la gente", pero recordó que "vivimos sobre un volcán en actividad que hay que desactivar con actitudes y ejemplos de vida". Desde el ámbito legislativo, la titular del ARI, Elisa Carrió, dijo que "el verdadero problema es institucional y consiste en la lucha contra la corrupción", y remarcó que "tiene que haber una prohibición expresa del financiamiento de empresas y de sectores privados, porque si esto no se aplica es inútil todo lo que se intente hacer". Su par Alfredo Bravo indicó que se impulsan estos cambios "para satisfacer a los talibanes que quieren reemplazar a los políticos por los gerentes de empresas extranjeras".
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La Ciudad
