El Senado aprobó en general, con el voto de los dos tercios de los presentes, el proyecto de reforma de la ley de quiebras, que ahora deberá ser tratada por Diputados. La iniciativa suspende por 180 días las ejecuciones hipotecarias y prendarias, prorroga los procesos de concurso preventivo y establece la pesificación de los deudores no financieros de hasta 100 mil dólares. El artículo que disponía la capitalización forzosa y la opción de la transferencia de acciones preferenciales de las empresas concursadas a sus acreedores para saldar las deudas, fue excluido de la media sanción.
La eliminación de la capitalización forzosa fue la solución hallada por el Poder Ejecutivo y la conducción del bloque de senadores del PJ para superar la resistencia de los legisladores radicales y del bloque oficialista.
No obstante, los legisladores de ambos partidos acordaron analizar el tema de la capitalización en forma más minuciosa y dejaron sentada su voluntad de reglamentarla o buscar alternativas a través de un proyecto complementario en un plazo no mayor de 60 días.
Al fundamentar la propuesta en nombre del justicialismo, el rionegrino Miguel Angel Pichetto, sostuvo que "hay que buscar resolver cuanto antes el tema de la capitalización o algún otro proceso que evite la quiebra".
A último momento y por iniciativa del titular de la bancada del PJ, José Luis Gioja, se incorporaron a la discusión del proyecto dos artículos que disponen la pesificación de la deudas no financieras de hasta 100 mil dólares y que fueron destinadas a la compra de vivienda única. También fueron pesificadas las deudas no financieras de hasta 30 mil dólares destinadas a la refacción de inmuebles.
Al incluir esos puntos, los legisladores trataron de dar respuesta a los reclamos planteados en los últimos días por miles de deudores no bancarios, algunos de los cuales organizaron el denominado "llaverazo".
En relación al objetivo general de la iniciativa, Pichetto exhortó a los empresarios a "recuperar la conciencia nacional", al tiempo que aseguró que la norma "no es atentatoria contra el sistema financiero".
A su turno, la peronista puntana y titular de la comisión de Legislación General, Liliana Negre de Alonso, afirmó que el Parlamento "no legisla con nombre y apellido y durante el análisis fueron escuchados todos los sectores involucrados en la propuesta".
Por el contrario, el titular de la bancada radical, Carlos Maestro, sentenció que "fue un tratamiento apresurado, confuso e irregular". El radical cuestionó el régimen de capitalización forzosa y advirtió que podría afectar la posibilidad futura de las empresas para acceder al crédito externo.
El proyecto suspende por 180 días las ejecuciones hipotecarias y prendarias de cualquier origen y los pedidos de quiebra iniciados por las entidades financieras.
La propuesta deroga el "Cram Down", herramienta que permitía al acreedor o a un tercero hacerse cargo de la empresa y garantizar de esa forma su continuidad operativa.
El gobierno y la mayoría de los senadores del justicialismo entendieron que el mantenimiento del "Cram Down" dejaba abierta la puerta para que los acreedores externos se quedaran con las empresas nacionales con dificultades.
La iniciativa prohibe además la transferencias de divisas al exterior, salvo las que correspondan al comercio exterior, a uso de tarjetas de débito o crédito en el exterior emitidas en el país, o a operaciones financieras que autorice el Banco Central. Limita también a 90 días las medidas cautelares sobre bienes que resulten indispensables para la continuidad de las actividades del deudor.
El denominado período de exclusividad, otorgado por el juez al deudor para que formule propuestas de acuerdo preventivo a sus acreedores, se amplia de 30 a 180 días y además prorroga por el mismo plazo los períodos de exclusividad que estén actualmente vigentes.
El crédito
La propuesta señala que el BCRA tendrá que eliminar toda restricción que impida o encarezca el acceso al crédito de sociedades o entidades concursadas, y las entidades financieras no podrán negar injustificadamente créditos pedidos por empresas concursadas destinados al pago de remuneraciones.
\Suspende también por 180 días las ejecuciones hipotecarias y prendarias contra deudores en concurso preventivo así como los efectos de toda cesión en garantía o fiduciaria que haya sido dada para garantizar una obligación financiera.
\Las entidades financieras, en tanto, tendrán 90 días para reprogramar las acreencias vigentes al 30 de noviembre de 2001 con cada uno de los deudores del sistema.
La Ciudad
