La crisis del corralito y la pesificación condiciona el normal desarrollo del diálogo argentino y obliga a encontrar, en breve lapso, un acuerdo primario para evitar que el peligro de disgregación social se traduzca en más violencia, caos y anarquía.
Si bien la convocatoria gubernamental, avalada por la Iglesia con apoyatura del Pnud, aspira a consensuar políticas de Estado sin tiempos ni plazos preestablecidos, la efervescente coyuntura corrió el eje de interés hacia el discernimiento apresurado de algo -no se sabe qué- que recomponga la idea de bien común. "Hay que retejer el tejido social y encontrar rápidamente tres o cuatro cuestiones centrales para la convivencia", aseguran sus miembros.
Por eso no extrañó que en las primeras jornadas se hablará -aunque no era el objetivo- de planes de empleo y contención social, flexibilización del cerrojo bancario, de pedidos de alivio (y de fondos) a los organismos internacionales de crédito y claridad en los anuncios. Incluso hubo invitados -como los banqueros de Abappra- que se comprometieron a formular un proyecto concreto para "avanzar en la recuperación económica".
La maratónica ronda de reuniones permitió comprender que el diagnóstico de los distintos sectores, aunque con matices, era coincidente: la institucionalidad del país está degradada por el descrédito político y la crisis económica y financiera.
Compensar las cargas
Pero eso no alcanza. La sociedad demanda otra cosa: una propuesta creíble que restablezca los vínculos sociales, contenga a esa gran masa de argentinos por debajo de la línea de pobreza y equilibre las cargas entre los que tienen más y los que tienen mucho menos.
"En la Argentina de hoy no cabe la guerra entre hermanos, sino la guerra de los pobres contra la anarquía", sentenció monseñor Jorge Casaretto. Sin olvidar, como lo reconoció un hombre de la Iglesia, que votos nulos y cacerolazos son el termómetro que mide el descontento popular con una forma de hacer política.
No obstante, los tres obispos encargados de garantizar el proceso (Jorge Casaretto, Juan Carlos Maccarone y Ramón Staffolani) aspiran a revertir ese cuadro cortoplacista para reencaminar el diálogo hacia la necesaria búsqueda de soluciones válidas en medio de la crisis "eminentemente moral" que sacude al país.
Aunque persiste el temor de caer en la trampa de la puja de intereses que históricamente desdibujó estas iniciativas de concertación, insisten en que "esto no se parece a nada" y que el rol del Episcopado será el de "testigo de la lealtad o deslealtad de los actores".
En ambientes eclesiásticos llamó la atención que ciertos prelados rescaten públicamente la actitud del presidente Eduardo Duhalde quien, sin renunciar a su obligación de conducir la transición, encabeza la iniciativa hacia un gobierno de salvación nacional.
La trilogía eclesiástica anhela en este contexto poder consensuar acuerdos fundamentales para "ir detrás de ellos", esencialmente orientados a la "deuda social y a la transparencia". Estos objetivos parecen estar dando sus frutos dado que los distintos sectores que llegan a la sede de Cáritas coinciden en que saldar la deuda social es el "gran requisito" para dar el primer paso.
Si bien el organismo ad hoc no propone acciones puntuales por el momento, hay concordancia en que este espacio de diálogo es el último para salvar a la nación de su desmembramiento.
La Ciudad
