Ana María Figueroa, titular de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) sostiene que no se puede anteponer un derecho civil, como el remate, a un derecho humano, como la vivienda.
Dice Figueroa: "Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que tiene jerarquía constitucional desde el 94, se señala que hay un conjunto de convenciones que protegen el derecho a la vivienda. Varios instrumentos expresan que el Estado debe reconocer un nivel de vida y una vivienda adecuados, y debe evitar los desalojos forzados y las demoliciones. También hay una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acerca de que los Estados aborden políticas nacionales que garanticen un «alojamiento adecuado y decoroso» a los trabajadores. O sea, la vivienda es un derecho humano importante y por lo tanto se debe tratar de disminuir la gran cantidad de juicios que implican niveles de gran aumento de personas sin hogar.
"El Estado argentino se ha comprometido a respetar estas normas internacionales de rango constitucional, o sea, normas que tienen la misma validez que la Carta Magna. Por lo tanto, cuando firma estos tratados se compromete a adoptar todas las medidas posibles, hasta el máximo de los recursos que disponga, para cumplir con ellos.
"Si el Poder Judicial aplicara los tratados posiblemente la gente que está en una situación de exclusión y desesperación no tomaría medidas de carácter coactivo. La persona que se queda sin el propio hábitat pierde todo tipo de derecho, aun los civiles.
"Tenemos que entender la indivisibilidad entre los derechos civiles y los sociales. Esto es, los contemplados en el artículo 14 de la Constitución, como son el derecho a la vida, a no sufrir maltratos, a trasladarse y a la libertad de prensa; y el de tener una vivienda adecuada, un derecho social.
"Hasta ahora, el tema de las viviendas se soluciona con una ideología privatista, donde prima el respeto de la propiedad privada y la aplicación del Código Civil, por sobre los derechos humanos.
"Es cierto que los compradores tienen derecho a acceder a una vivienda más económica a través de un remate, pero hay que ser rigurosos. No se puede construir una sociedad violando el derecho del vecino. Si el juez no aplica el derecho humano de rango superior termina siendo cómplice del mercado en lugar de garantizar los derechos de la gente".
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La Ciudad
