María del Carmen Alvarez, camarista civil y presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Santa Fe, considera que nadie tiene derecho a impedir un acto "legítimo y jurídicamente válido" como es una subasta. La magistrada y funcionaria se muestra preocupada por el crecimiento de los actos de violencia, que se producen "con total impunidad", y llama a poner límites al accionar de los grupos que obstaculizan los remates "antes de que haya algún herido o incluso muerto". También recuerda que el remate es la única instancia de un proceso donde el deudor ha tenido múltiples oportunidades de llegar a un acuerdo más favorable. Dice Alvarez: "Como colegio recibimos innumerables notas de los secretarios en las que nos advierten sobre los problemas que tienen para desarrollar con normalidad un acto que es tan lícito como legítimo. Estos grupos que obstaculizan los remates pueden tener razones sociales, pero hay que frenar este accionar, incluso para prevenir esta escalada que podría terminar con alguien herido o incluso muerto. Esto va in crescendo y cada vez con mayor impunidad. "Invocando la defensa de la vivienda única, perjudican otros remates donde ninguna vivienda única está en juego; hacen que se malvendan las propiedades con el consecuente perjuicio al acreedor que busca cobrar una deuda legítima, y todo en detrimento de los que estarían dispuestos a comprar pero que no lo hacen porque se sienten intimidados. Toda persona tiene derecho a agruparse en defensa de sus intereses, pero no de obstaculizar un acto ordenado por la Justicia. "Los secretarios se encuentran también frente a una situación que no pueden controlar. Hay informes donde nos dicen que se han vivido momentos terribles. Pero lo más lamentable es que se obstruye un acto legítimo y jurídicamente válido, como es el de una subasta. Y hay algo que hay que tener presente: cuando se llega a un remate es porque se agotaron todas las instancias, el juez ha dado muchas posibilidades al deudor. Los bancos tampoco quieren llegar a la ejecución. Mientras tanto, estas ligas que se arman intentan disminuir el precio de lo que está en juego. "Si estas asociaciones cometen actos ilícitos detrás de una apariencia de legitimidad, tendrá que dilucidarse en el fuero penal. Tenemos que encontrar alguna solución porque si se sigue tirando de la cuerda, no sabemos cómo va a terminar esto".
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