El Colegio de Martilleros de Rosario presentó una denuncia en la Justicia ante la existencia de una presunta asociación ilícita, integrada por asistentes habituales a los remates, que provocan "actos de violencia organizados" con el objetivo de impedir las subastas. La presentación fue confirmada por el titular de la entidad, Artemio Aguiar, quien de todos modos recalcó que no está en condiciones de identificar a "personas", por lo que pidió que se investigue el desarrollo de los remates. Desde la Asociación de Defensa para la Vivienda Unica (Adevu), Marcelo Bonini respondió: "Si nosotros somos ilícitos, qué serán los martilleros que están procesados".
La causa llegó al Juzgado Correccional a cargo de Juan José Pazos. Si bien el magistrado no hizo declaraciones, se supo que remitió el expediente al fiscal de turno, y se estima que recién el viernes el magistrado comenzará a actuar sobre la denuncia.
Aguiar hizo hincapié en que desde el Colegio no se ignora "la grave crisis social" por la que atraviesa la sociedad. "El colegio está muy preocupado por el respeto de las garantías individuales de todos, hace suyo el padecimiento de la gente y también vela por el derecho a trabajar de todas las personas", reflexionó, en clara alusión a la actividad de los martilleros. El profesional además no pudo precisar cuántos remates se impidieron en los últimos meses, aunque advirtió que los inconvenientes fueron "en aumento". Evitó hacer alguna referencia a los defensores de la vivienda única, pero se descuenta que la actividad de la asociación de hecho está en la mira del colegio.
Miembros de Adevu no sólo impidieron en más de una oportunidad subastas públicas, sino que se entrevistaron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, para pedirle que suspenda al menos por un año los remates.
En más de una oportunidad las ejecuciones se convirtieron en poco menos que guerras campales entre vecinos, policías, propietarios, oferentes, oficiales de justicia y martilleros que derivaron en la suspensión de los actos judiciales.
Bonini, titular de Adevu, denunció hace unos meses que al menos cinco viviendas o pequeñas empresas familiares van a remate por día, a consecuencia de la grave situación económica. Incluso el diputado justicialista Carlos Bermúdez presentó un proyecto para que el Estado provincial suspenda por un año este tipo de subastas.
Martilleros cuestionados
Pero otro ingrediente se agrega a la situación y es la causa judicial que está llevando adelante el juez Carlos Carbone tras los pasos de las denominadas mafias o ligas que presuntamente operan en detrimento de los propietarios y a favor de un pequeño grupo de compradores organizados.
En el marco de esa causa, Carbone allanó la Asociación de Martilleros hace un par de meses atrás. Tras el procedimiento, fue investigado el tesorero de la entidad, Amadeo Chaina, quien fue suspendido de sus funciones junto a otros cinco martilleros.
Al respecto, el presidente de la asociación, Néstor Zaina, se excusó de hablar sobre la cuestión y esgrimió: "Sólo la Justicia será la encargada de dilucidar responsabilidades". En tanto, el propio Carbone en varias oportunidad afirmó que los remates "son poco transparentes".
La Ciudad
