la Intendencia remitió ayer al Concejo más pruebas contra Boasso. Son dos notificaciones que hizo el juzgado federal Nº1 al Ejecutivo ordenando el levantamiento de un embargo a los fondos destinados a la empresa recolectora de residuos 9 de Julio. El usandizaguista actuó como ejecutor fiscal en el caso y fue autorizado a cobrar por honorarios 125.229 pesos.
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La Ciudad
