Jorge Boasso tendrá que decidir si continúa ocupando una banca en el Concejo Municipal o sigue ejerciendo como ejecutor fiscal de la DGI. Pero hay más, si se niega a elegir sus pares podrán solicitar la remoción de banca. Así lo dispuso ayer la comisión de Gobierno de ese cuerpo al derogar una resolución del 94, por la cual el edil usandizaguista pudo ejercer durante ocho años y en forma simultánea ambos cargos en la función pública. A su vez el bloque cavallerista -que planteó un dictamen en minoría- propuso límites a la doble función, es decir que el concejal deberá excusarse de actuar como agente judicial cuando estén involucradas empresas concesionarias de servicios públicos municipales o que sean contratistas de la Intendencia. Así las cosas, el destino de Boasso en el cuerpo deliberativo comenzará a definirse en la sesión de mañana.
Los ediles del oficialismo junto al concejal peronista Evaristo Monti dejaron a Boasso acorralado al imponer por mayoría un proyecto de resolución presentado por la radical celeste Daniela León.
Tras la introducción de algunas modificaciones, la comisión de Gobierno acordó dejar sin efecto la resolución del 23 de junio del 94 que consideraba las actividades del edil usandizaguista en la DGI compatibles con su rol de legislador local.
Algunos concejales oficialistas -que respaldaron en su momento a Boasso- se transformaron ayer en sus principales verdugos políticos. Raúl Lamberto, Sergio Liberati, Juan Giani, Adriana Taller, Patricia Laguarrigue estamparon sus firmas junto a Monti, por entender ahora que el accionar del usandizaguista constituye "una incompatibilidad moral, contemplada en la ley orgánica de municipalidades".
Sólo existió una voz en disidencia. Jorge Serrano -compañero de bancada de Boasso- ensayó una estrategia de defensa frente a los embates de sus pares. "Se está violando el principio de la cosa juzgada administrativa", argumentó el edil, tras lo cual recibió una dura acusación de León como respuesta. "En la resolución del 94, existe un dictamen emitido por Antonio Chede, invocado como profesor de la cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho, que en realidad resulta falso porque lo efectuó a título personal", indicó al desempolvarse los escritos de juristas que opinaron en el 94.
Taller centró el debate en que la cuestión "es un acto político, por lo tanto es el Concejo quien debe resolverlo y no la Justicia". Pero Serrano recogió el guante: "Estoy en presencia de una actitud persecutoria. Aquí no se está actuando conforme a derecho". Pero los chisporroteos quedaron licuados con la intervención de Giani, quien dijo que Boasso ejerce "actividades incompatibles" y señaló que con la resolución del 94 "el Concejo se equivocó".
Cabe destacar que también quedó firme en la comisión un dictamen por la minoría, presentado por la cavallerista Analía Carrió. En la iniciativa, se propone fijar límites al rol de ejecutor fiscal de Boasso no sólo en los casos que involucren a empresas concesionarias de servicios públicos municipales, sino también a las contratistas de la Intendencia.
Monti -quien fue destituido de su banca en el 94 también por incompatibilidad- les reclamó a sus pares "tener el coraje civil para decidir el futuro como concejal de Boasso". Una vez finalizada la reunión, y ya en los pasillos del Concejo, se percibía el mismo comentario. "Se quedó solo. Hay que ver si su propio bloque lo apoya ahora que las papas queman", esgrimían algunos correligionarios de Boasso.
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La Ciudad
