"Las reformas que quedaron pendientes en los años 90 son la causa de gran parte de los males en la salud". El diagnóstico corre por cuenta de Jorge Colina, miembro de la cavallista Fundación Novum Millenium que estuvo en Rosario para la elaboración del plan de competitividad para las clínicas y sanatorios privados, sector que asegura atravesar problemas financieros nunca vistos. En una charla con este medio, el especialista consideró que "el Pami tiene un esquema de organización del pasado".
A su juicio, la crisis actual "debe servir como oportunidad para cambiar las reglas de juego para que que cuando entremos en una fase expansiva de la economía no repitamos los errores de la década pasada, en que no se hicieron las reformas de libertad de afiliación, competencia, regulación de la competencia y financiamiento consistente de la prestación médica obligatoria".
-¿Los problemas de funcionamiento del Pami tienen su origen también en estas causas?
-El Pami tiene un esquema de organización del pasado, que se aprovecha de la cautividad de sus afiliados, a lo que suma el manejo arbitrario de quien está a cargo en cada momento. El afiliado no tiene alternativa frente a las fallas en las prestaciones que se le presentan cotidianamente. Y en este esquema, el jubilado, que está cautivo, tiene que resignarse a lo que le den y a lo que le dejen de dar. Creo que esta crisis es una oportunidad para pensar una reforma que no les dé más poder a los funcionarios del Pami para ver lo que pueden mejorar, sino de darle el poder a la gente; que pueda optar por una alternativa.
-¿De qué manera?
-Mediante mecanismos competitivos que permitan a los jubilados optar por otras entidades bien reguladas; entidades privadas con y sin fines de lucro, pero que junto con el instituto actúen en un ámbito de competencia de forma tal que el beneficiario tenga la posibilidad de elegir a la que considere mejor.
-¿Y cómo le llegaría a esa entidad que el jubilado prefiera (una prepaga, sanatorio u obra social) el aporte?
-La mecánica que estamos pensando es que el Estado envíe a la entidad elegida por el beneficiario el financiamiento que le corresponde. No se trata, como algunos malinterpretan, de darle la plata al beneficiario para que vaya a comprar algo, sino de que elija dónde quiere que el Estado le pague la prestación.
-¿No aparecería el riesgo de una proliferación de prestadores y mayores costos?
-El riesgo es alto en todo sistema competitivo de salud; existe un riesgo de que los prestadores capten a los pacientes que exigen menos prestaciones, y que los más necesitados y con menor financiamiento sean despreciados. Esto se podría potenciar en el caso del Pami con las personas de mayor edad, que son las de mayor riesgo. Sin embargo, creemos que hay que pensar en una regulación procompetitiva que proteja a los beneficiarios y que controle muy bien y hasta penalice las conductas que llevan a la selección del riesgo. Algo que no pasó en el sistema de obras sociales nacionales, donde la falta de regulación a la libertad de elección produjo el triste resultado del mercado segmentado: personas con un exceso de financiamiento y buena cobertura de salud, y por el otro lado las de bajos ingresos sin ningún servicio o con un servicio degradado.
-Los números están mostrando que el Pami gasta 1.000 millones en prestaciones y la mitad de esa suma, 548 millones, en estructura, en personal.
-Es la realidad y explica la crisis que estamos viviendo. Lo que no explica es por qué se llegó a esto. La principal causa es la cautividad de los afiliados, obligados a permanecer en la obra social. Eso produjo un incentivo a gastar lo menos posible en prestaciones y lo más posible en cuestiones superfluas. Por eso creemos que hay que abrir la competencia. Que el jubilado que vea mal que la mitad de su cápita se destine a gastos improductivos, se cambie a otra entidad que destine una mayor proporción del gasto a prestaciones.
D.L.
| |
La Ciudad
