Después de transitar un concurso preventivo que duró más de dos años y con una jurisprudencia que demuestra que no toda quiebra termina en remate, los empleados del ex hipermercado rosarino Tigre decidieron echar mano de una alternativa que les permita evitar la liquidación de los bienes de lo que fue una de las pymes más pujantes de Rosario y la región, a través de la conformación de un supermercado comunitario.
¿Es viable económicamente la propuesta? ¿Puede llegar a reflotar una fuente de trabajo para las familias que quedaron en la calle tras la quiebra? ¿Cuál es el papel que deben y quieren jugar el Estado provincial y municipal en el proyecto? ¿Cuál será la decisión de la Justicia frente a un caso que excede lo estrictamente jurídico e involucra cuestiones muy sensibles en el plano social?
La viabilidad económica no es ajena a la realidad que atraviesa el sector supermercadista. Los impulsores de la propuesta sostienen que sólo con un aporte de entre 80 y 120 mil pesos es posible reactivar la boca de expendio de Tucumán 1349, para la cual se formuló la propuesta comunitaria. "Esto representa menos del 40% de lo que le demandaría al Estado los 90 subsidios de desempleo por un año para los empleados que quedaron desocupados", explicó Carlos Ghioldi, representante gremial y uno de los gestores de la iniciativa.
Analistas del rubro, en cambio, creen que la fuerte competencia que existe en el sector del comercio minorista y las exigencias máximas de garantías por parte de los proveedores para asegurarse que no se corte la cadena de pagos, pueden jugar en contra del proyecto de los trabajadores.
"En el sector supermercadista hoy se puede competir desde dos aspectos", aseveró Pablo del Castillo, director del departamento de política de empresa de la Universidad Austral, "con capacidad de pago o con volumen", agregó.
Por otra parte, explicó que los mentores de la iniciativa comunitaria deberán conseguir el capital y los avales suficiente como para plantarse ante sus competidores y sus proveedores. "Hoy es muy difícil hacer negocios sin capital", indicó el especialista y "aunque resulte muy duro, en este ámbito nadie te da posibilidades si no tenés garantías de pago", agregó.
Conscientes de esta realidad, la propuesta inicial de los ex empleados del supermercado rosarino contemplaba la creación de la figura de una sociedad del Estado que esté piloteada por la provincia y el municipio rosarino, los principales acreedores de la quiebra.
Para eso, proponían la creación de un ente mixto creado ad hoc que administre el comercio y aporte las garantías suficientes que exigen los proveedores para llenar las góndolas.
Además, el plan de los empleados prevé que con una gestión estatal se podrían gestionar la concesión del local sobre el que pesa una hipoteca de 2,5 millones de dólares, pero que no está relacionada con la quiebra del Tigre sino que corresponde a la liquidación de los bienes del ex Hogar Obrero que funcionaba anteriormente en ese lugar.
Con esa consigna, los mentores de la iniciativa decidieron jugar la pulseada en el plano político y hace casi un mes lanzaron públicamente la propuesta en sociedad y tocaron la puerta de la Municipalidad de Rosario, el gobierno provincial y a los concejales rosarinos.
La movida fue paralela a la actividad de la Sindicatura que actúa en la quiebra -que actualmente está abocada a la tarea de reunir a los acreedores para que certifiquen sus créditos y a la confección de los certificados de servicio para que los empleados cobren el fondo de desempleo- y a la judicial, que todavía no arriesgó ninguna salida al proceso.
Qué es el súper comunitario
Se trata de un proyecto que toma como referencia las experiencias exitosas desarrolladas en Buenos Aires a nivel primario, pero bajo la modalidad de autoservicio en góndola.
Los trabajadores proponen poner en funcionamiento el comercio como un autoservicio y patio de comidas "para el cual se cuenta con todas las instalaciones, maquinarias, muebles y herramientas en condiciones de iniciar su funcionamiento de manera inmediata", explicaron.
Para el primero, prevén realizar convenios con huertas comunitarias, e incluso con la Secretaría de Justicia para canalizar las producciones de plantas panificadores que funcionan en algunas cárceles de la región y que no pueden colocar sus productos, incentivando así el compre regional.
En cuanto al patio de comidas, cuyas instalaciones están en óptimas condiciones de funcionamiento, estudian la posibilidad de realizar acuerdos por ejemplo con la Universidad Nacional de Rosario para convertir al lugar en un comedor universitario.
A eso, se le suma la posibilidad de concesionar a alguna entidad cultural la explotación del teatro ubicado en el subsuelo del inmueble que podría destinarse a actividades sociales.
La idea de una sociedad estatal está asentada en una convicción ideológica de los impulsores del proyecto sobre el papel que debe cumplir el Estado sino además se asienta en experiencias anteriores como son la Lotería de la Provincia de Santa Fe o el balneario La Florida (Rosario) que son sociedades administradas por el Estado.
"Si el gobierno está al frente de actividades del área recreativa cómo no va a poder hacer lo mismo con un rubro como es el de provisión de alimentos", reflexionó Carlos Ghioldi.
Aunque nadie desde el gobierno se arriesga a cuestionar los beneficios que aportaría un emprendimiento de este tipo especialmente para el futuro de los trabajadores que quedaron en la calle tras el cierre del ex supermercado, tampoco se muestran muy convencidos por la figura de la sociedad del Estado.
En rigor, la Municipalidad de Rosario le propuso a los empleados que le acercaron la iniciativa, la formación de una comisión para estudiar la viabilidad económica del proyecto que estará integrada por trabajadores y asesores de la Secretaría de la Producción.
Por otra parte, el titular del área, Angel Elías, si bien no descartó el apoyo de la Municipalidad y sostuvo que está abierto a escuchar alternativas, se mostró partidario de la figura de una cooperativa de trabajadores para encauzar la reactivación del supermercado comunitario.
En este sentido, León Schujman, el especialista designado por la Municipalidad para coordinar el estudio de viabilidad económica explicó que "el artículo 19 de la ley de cooperativas prevé la participación del Estado", aunque reveló que la forma jurídica es un aspecto que está en estudio.
La disputa judicial
Pero no sólo las negociaciones se están dando a nivel político sino también judicial, ya que el plan fue presentado a la sindicatura que entiende en la quiebra del ex Tigre y ante la jueza civil y comercial de la 14ª nominación, María de los Milagros Lotti, que dictó la quiebra.
Juan Carlos Lamberti, uno de los síndicos, junto a Elsa López y María Luisa Parrella explicó: "Para nosotros sería lo mejor dárselo a los trabajadores, porque se solucionaría el problema de mucha gente que está sin trabajo, pero no podemos ir contra la ley". En ese sentido hizo referencia a todo el proceso de "realización de bienes" es decir, la verificación de todos los activos del Tigre para hacer frente a las deudas de los acreedores, entre ellos a los propios trabajadores de las bocas de expendio cerradas, que suman en total 200.
Lamberti aclaró que la función de la sindicatura se limita a dar informes y sugerencias al juzgado y no a tomar determinaciones sobre el asunto, y por otra parte reflexionó: "Si la propuesta del súper comunitario contempla un solo local, es razonable que el resto de los trabajadores de las otras bocas de expendio también reclamen una atención similar".
Desde la sindicatura tampoco descartan la posibilidad de que se presente algún empresario del rubro interesado en adquirir el local en cuestión y ponerlo en funcionamiento como un supermercado.
La Ciudad
