Año CXXXIV
 Nº 49.224
Rosario,
jueves  30 de
agosto de 2001
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El Estado ya no podrá echar mano a los depósitos
El Senado votó una ley que impide confiscaciones. Es un resguardo para que los ahorros vuelvan a los bancos

El Senado convirtió anoche en ley un proyecto por el cual se declara la intangibilidad de los depósitos bancarios, a partir del cual el Poder Ejecutivo queda inhibido de cualquier acción confiscatoria.
La medida, que fue aprobada por unanimidad en tres minutos y sin ningún discurso, fue promovida como un resguardo para evitar disposiciones coercitivas que afecten a los ahorristas, tal como ocurrió en 1991 con el plan Bónex lanzado por el entonces ministro de Economía (hoy detenido), Antonio Erman González.
Para ello se prohibe convertir cualquier tipo de depósito realizado en entidades financieras reconocidas por el Banco Central en títulos públicos o cualquier otro bien, así como modificar vencimientos o condiciones. El proyecto que tiene como autor al titular de la comisión de Finanzas de Diputados, el radical Víctor Peláez, fue sancionado la semana pasada por unanimidad en la Cámara baja.
El texto indica que "todos los depósitos, ya sean en pesos, o en moneda extranjera, a plazo fijo y a la vista, captados por al entidades financieras autorizadas para funcionar por el Banco Central de la República Argentina (...) quedan comprendidos en el régimen de la presente ley. Dichos depósitos son considerados intangibles".
En el segundo artículo se aclara que la intangibilidad consiste en que "el Estado Nacional en ningún caso podrá alterar las condiciones pactadas entre el/los depositantes y la entidad financiera".
Esto quiere decir que existe "la prohibición de canjearlos por títulos de la deuda pública nacional u otro activo del Estado Nacional, ni prorrogar el pago de los mismos, ni alterar las tasas pactadas, ni la moneda de origen, ni reestructurar los vencimientos, los que operarán en las fechas establecidas entre las partes".
El proyecto fue presentado para preservar todos los depósitos bancarios ante el agravamiento de la situación económica argentina, que hizo presumir la posibilidad de que el gobierno, para enfrentar la abultada deuda pública, terminara echando mano a los ahorros particulares.


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