El Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) determinó que el Tribunal de Cuentas de la provincia había incurrido en un acto de "discriminación laboral" con un agente de la delegación Rosario del organismo que fue "desafectado" de sus tareas después de denunciar "diversas irregularidades" que comprometían a sus superiores.
Todo comenzó en febrero de 1999, cuando Carlos Pablo Briggiler -que se desempeñaba como asistente técnico en la delegación Rosario del Tribunal de Cuentas- descubrió que un automóvil oficial afectado a esta repartición estaba desde hacía tiempo en desuso, y sin embargo se seguían rindiendo gastos de combustible, lavado y mecánica. Así lo denunció Briggiler ante las autoridades del Tribunal que ordenaron la apertura de un sumario.
Meses después, el empleado percibió que "el fiscal subrogante, Edgardo Hugo Pioletti, había viajado a Europa pero seguía figurando como presente en la repartición". Encima, a su regreso "firmó expedientes fechados durante sus vacaciones", documentos que después fueron retirados de la repartición. El 21 de setiembre, Briggiler volvió a informar de esta situación al presidente del Tribunal de Cuentas, Horacio Alesandría.
Sin embargo, nunca obtuvo una respuesta a sus reclamos. En cambio, el 22 de setiembre, el empleado fue trasladado a la delegación local del Ministerio de Educación, al área de Análisis de Decisorios. La nota que disponía su nuevo destino estaba rubricada por el fiscal general José Luis Bettello.
Para cumplir esta nueva función se le asignó un lugar que, según la descripción del Inadi, "era a la vez utilizado como depósito de artículos de limpieza y que carece de ventilación y luz natural", y que "no posee las mínimas condiciones de trabajo compatibles con la dignidad humana".
Como si esto fuera poco, la investigación del instituto constató también que Briggiler "pasaba días sin tener trabajo, lo cual le provocaba depresiones reactivas, que junto con las alergias por la inhalación de productos tóxicos como los pruritos por picaduras de pulgas, configuran un cuadro de inmerecida mortificación".
Sin embargo, y a pesar de informar a sus autoridades en varias oportunidades que "no tenía ninguna labor que cumplir", Briggiler siguió cobrando su sueldo que ronda los 1.400 pesos.
Un dictamen categórico
De acuerdo con estos antecedentes, el Inadi emitió el dictamen número 0153 que lleva las firmas de la coordinadora legal y técnica del instituto, Nora Cattaneo, y del titular del Inadi, Eugenio Zaffaroni. En el documento "se aconseja declarar acto discriminatorio en los términos de la ley 23.391" a la orden de traslado emitida por el Tribunal de Cuentas de la provincia y se intima a "la inmediata reposición del denunciante en su cargo, función y lugar de trabajo anterior".
Sin embargo, la resolución fue emitida el 22 de junio de este año y, hasta ahora, no fue atendida por las autoridades del Tribunal de Cuentas.
Según explicaron desde las oficinas del Inadi en Buenos Aires, la discriminación laboral es "un daño civil" que en este caso está "agravado" por suceder dentro de una repartición pública. "Incluso podría dar lugar a una sanción por incurrir en el incumplimiento de los deberes del funcionario público, ya que estas personas tienen el deber de actuar más legalmente que cualquier ciudadano", indicaron desde la Oficina Legal y Técnica del Inadi.
La Ciudad
