A principios de esta semana, un fallo judicial sobreseyó a tres policías involucrados en la muerte de Jesús Gabriel Capitani, de 16 años, y Sergio Callejas, de 17, a partir de un hecho ocurrido el 28 de marzo de 2000 en el barrio Santa Lucía, zona oeste de Rosario. Ambos murieron a causa de balas policiales en un caso que fue investigado en forma independiente por el Centro de Estudios e Investigación en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario (CEI) y formó parte de las denuncias efectuadas en el último informe anual del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre casos de violencia policial.
Jesús Gabriel Capitani murió en el acto con nueve disparos por la espalda, uno de ellos en la nuca, y Sergio Callejas falleció a causa de cinco disparos en la cabeza, tras una agonía de 54 días, en el Hospital de Emergencias. "Eso daba lugar a una investigación por ejecución sumaria, o al menos, de abuso de fuerza policial", sostuvieron los investigadores Enrique Font y Alejandro López, director del CEI y miembro del equipo respectivamente. Ambos fueron los voceros del grupo que remarcaron algunas de las cuestiones que no quedaron saldadas en la investigación judicial, y también cuestionaron el fallo de la jueza Raquel Cosgaya.
Capitani y Callejas fueron acusados del robo a una estación de servicio ubicada en Circunvalación y 27 de febrero en el que resultó herido de bala el playero Antonio Espinoza, de 30 años. A pesar de eso, el empleado nunca reconoció a los acusados como autores del atraco. Después del ataque, el hombre no quiso hablar sobre el tema ni con la prensa ni con los investigadores del CEI.
Por otra parte, el compañero de habitación de Callejas en el Heca, señaló a los investigadores que el joven -esposado a la cama a pesar de estar inmovilizado, sin habla y semiinconsciente-, era constantemente amenazado por el policía que efectuaba la custodia.
En un período aproximado de dos horas, entre las 3 y las 5 de la mañana del día de su muerte, los mismos jóvenes fueron acusados de intentar robar una garrafa en una escuela ubicada en Donado 2100, de agredir dentro de su domicilio a un ciudadano chileno - a quien luego de golpearlo con un arma, le habrían ofrecido comprar una garrafa antes de retirarse del lugar- y de asaltar la estación de servicio y herir al playero.
De acuerdo a los testigos de los diferentes hechos, incluidos los policías que participaron del violento final, los investigadores rescataron de las declaraciones que los jóvenes que robaron la estación de servicio fueron dos, los que atacaron al ciudadano chileno eran cuatro, y los que fueron interceptados por la policía eran tres. "Esto, al menos, pone en duda si los actores de uno y otro hecho fueron los mismos", indicaron.
También señalaron que "todas las actas policiales especifican, hasta de acuerdo al ruido de las detonaciones, las armas con las que se efectuaron los ataques en los distintos casos, y que coinciden con las armas que supuestamente fueron secuestradas por la policía. Esto parece algo sospechoso, como si los partes se hubieran «completado» después. Esa es una característica que se reitera en la mayoría de los casos de violencia policial investigados por el Cels", señalaron.
Otro hecho que llamó la atención de los investigadores universitarios es que la prueba de detección de pólvora dio positivo en cinco de las seis manos de los perseguidos y negativo en las de los policías, a pesar de que efectivamente realizaron doce disparos, según lo que ellos mismos declararon.
"La misma prueba sirvió para involucrar a las víctimas en un supuesto enfrentamiento y para excarcelar al único sobreviviente, Darío César Ramos, de 18 años en el momento del episodio, excusándose en que la reacción no era la específica para pólvora deflagrada", señalaron.
Los investigadores también remarcaron que a pesar de ordenarse pericias sobre las armas secuestradas, no hay constancia en el expediente que relacione las armas secuestradas a las víctimas en el lugar donde ocurrió el episodio con la que hirió al playero de la estación de servicio. Más aún, debido a algunas contradicciones en las declaraciones de cómo los policías encontraron las armas, lo que hicieron con ellas al hallarlas, y las fotografías tomadas de cómo las encontraron, siempre de acuerdo al expediente, plantearon la posibilidad de que "las armas hayan sido plantadas por la policía después de que cayeran baleados los dos chicos".
Independencia en la investigación
Uno de los cuestionamientos centrales a la investigación que realizó el juzgado, "es que se haya basado en los partes y pericias policiales, a pesar de las contradicciones que tenían, y que no fueron cuestionadas, y siendo que eran miembros de la misma policía a quienes se debió haber investigado", señalaron Font y López.
Así sostuvieron que "la justicia debería propiciar una investigación independiente ". Entre los puntos para garantizarlo, indicaron la importancia de que el juez se presente en el lugar de los hechos en forma inmediata, y que derive las pericias a otro organismo, como Gendarmería Nacional.
Por otra parte, en una investigación realizada por La Capital en abril del año pasado, una fuente relacionada a jóvenes en conflicto con la ley señaló que muchos menores que tienen antecedentes entran en relación con las comisarías del barrio y cuando rompen los códigos "son factibles de ser «víctimas de enfrentamientos»". En este sentido, un familiar de una de las víctimas de este caso contó que había sido advertido por autoridades judiciales sobre el riesgo de que el chico fuera "víctima de la policía". Sobre esta y otras denuncias, que versaban sobre la connivencia del poder judicial y la policía en relación a los menores, fue impulsado por el senador Alberto Beccani y aprobado por unanimidad en la Legislatura, un pedido de informes a la Justicia que hasta ahora, después de más de dos años, no tuvo respuesta.
La Ciudad
