La búsqueda de soluciones para el conflicto hídrico del sur provincial, generó los siguientes marcos legales: en abril del 99 hubo un acuerdo interjurisdiccional entre los gobiernos provinciales de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El acuerdo creó la Comisión Interjurisdiccional de la Cuenca de La Picasa, y adoptó el estudio diagnóstico elaborado por la Universidad Nacional del Litoral (UNL), a compatibilizarse con el proyecto bonaerense sobre el plan maestro de la cuenca del río Salado y los que realice la provincia de Córdoba. En febrero del año pasado se suscribió un acta compromiso entre Recursos Hídricos de la Nación y las provincias involucradas. Las partes aprobaron la prefactibilidad de la obra elaborada por la UNL, que consiste en un sistema de embalses reguladores y canales de conducción de excedentes, con La Picasa como reservorio principal. En tanto, el diputado provincial Alfredo Cecchi propuso recientemente en un proyecto de comunicación reforzar la provisión de medicamentos y la ayuda a efectores y escuelas de las localidades damnificadas -ATN incluidos-. Además se sugiere aportar los medios a la policía, a bomberos y Defensa Civil para enfrentar un eventual desborde. También promueve garantizar la transitabilidad de las rutas y caminos.
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