El gobierno se abocará durante el fin de semana a reordenar el paquete de medidas económicas lanzadas esta semana y que se anunciará en detalle el lunes, antes de la apertura de los mercados. El relanzamiento del plan de ajuste contempla la incorporación de algunos puntos que reclamó el radicalismo a cambio del apoyo a los anuncios oficiales y que fueron acordados por el presidente Fernando de la Rúa y Raúl Alfonsín durante la reunión que mantuvieron ayer. Además, el gobierno sigue buscando adhesiones entre un conjunto de bancos y empresas para obtener financiamiento de la masa "crítica" de recursos hasta fin de año, estimada en unos 4.100 millones de dólares.
Las negociaciones con los banqueros avanzan en tres sentidos: la colocación de un "bono patriótico" entre bancos y empresas incluyendo las privatizadas por 1.500 millones; un canje de Letras del Tesoro (Letes) por un monto similar; y la ampliación de la participación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).
Una fuente del Ministerio de Economía adelantó que "puede haber algún flujo de dinero extra en el medio" y precisó que un grupo de bancos "se comprometió a dar un préstamo sindicado adelantando el pago de IVA y ganancias de aquí a fin de año, descontable a partir de 2002".
Aunque el acuerdo con las entidades financieras aún sigue en plena negociación, la primera señal llegó de la compañía Repsol-YPF, que anunció ayer un aporte de 150 millones de dólares al fisco para cerrar el déficit fiscal, en concepto de anticipo del impuesto a las ganancias a compensar en ejercicios futuros.
El presidente de la petrolera, Alfonso Cortina, indicó que "el Estado argentino puede disponer de inmediato de 150 millones de dólares, que representa el 10 por ciento del total requerido por el gobierno a fin de cerrar el déficit fiscal del último semestre del año".
Empresarios que participan del Grupo Productivo salieron a plantear anoche el apoyo al gobierno para "salir de la crisis", pero condicionaron el respaldo a que los aportes "patrióticos" de los bancos y las privatizadas "no sean reintegrados por el gobierno" en ejercicios posteriores.
Aumento de aportes patronales
En el camino de lograr un mayor consenso para las medidas económicas, el gobierno debió sentarse a negociar con el ala política del radicalismo que lidera Raúl Alfonsín, quien en un primer momento criticó el paquete ideado por el ministro Domingo Cavallo.
De ese modo, después de la reunión que mantuvieron De la Rúa y Alfonsín para llegar a un acuerdo, Economía se apresta a incluir algunos puntos a las ya anunciadas medidas de ajuste.
Dentro de este paquete se incluye el aumento de los aportes patronales, descontable de IVA y ganancias, la eliminación del aumento en el impuesto al gasoil y la derogación de un impuesto de la época de José Luis Machinea que establecía devolución de ganancias a los que más habían pagado.
Una fuente ligada a las negociaciones reveló que "el aumento de los aportes patronales y un compromiso de no despedir gente por un plazo prolongado, son los temas principales que se discuten por estas horas".
Además, se mostró confiada en que "se logrará" al apoyo necesario para salir de esta crisis y destacó que "el radicalismo, con (Raúl) Alfonsín a la cabeza, presiona para que quede sin efecto el gravamen al gasoil, considerado como clave en el proceso de reactivación".
De todos modos, el presidente De la Rúa advirtió ayer que las medidas alternativas que se acerquen "deben asegurar el financiamiento del sector público", es decir, no se debe modificar la magnitud del ajuste.
El Frepaso presentó también ayer una propuesta alternativa para reducir el gasto público y aumentar los ingresos sin afectar las jubilaciones o pensiones. La idea de los frepasistas es descargar el peso del ajuste sobre las AFJP, el sector financiero, las petroleras y las empresas privatizadas.
Sin embargo, el gobierno no dio señales que permitan indicar que tomarán en cuenta la propuesta de este sector de la coalición y de este modo se pone en un cono de sombra el futuro de la Alianza.
La arremetida oficial en busca de fondos frescos para pasar el resto del año comenzó a dar frutos. Las empresas fueron las primeras en salir a anunciar el apoyo al plan de ajuste para lograr el déficit cero bajo la modalidad de un anticipo de impuestos.
Así, los voceros de distintas empresas de servicios públicas privatizadas adelantaron ayer el apoyo a la "toma de un bono" para financiar al Estado nacional en lo que resta del semestre.
"Un crédito no, porque nosotros no tenemos liquidez, pero si un bono que nos sirva para pagar impuestos o poder liquidar compromisos con el Estado", afirmó una fuente de una empresa del sector de las telecomunicaciones.
En cuanto al monto, dijo que "se está negociando, pero obviamente será en relación a la capacidad de prestar de cada uno y su necesidad financiera" de tener estos bonos. Las empresas consultadas afirmaron que están estudiando en cuánto afectará la quita de pago de sus servicios por parte del Estado. En tanto, una empresa distribuidora de energía eléctrica dio por "descontado" que aceptarán el descuento obligatorio que implica el pago de los servicios según la recaudación del Estado. Además, "lo del crédito puede definirse durante el fin de semana y efectivizarse al comienzo de la que viene. No será un crédito, pero sí la suscripción de un bono que sirva para pagar impuestos. Adelanto de pago de impuestos no lo consideramos lo mejor, porque es adelantar plata, pero sí la suscripción del bono".
La plata de los bancos
Por otra parte, la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) que nuclea a las principales entidades financieras anunció que éstas aportarán 500 millones al Estado con el fin de ayudarlo a reducir el déficit.
Un banquero de primera línea confirmó que las negociaciones para lograr el consenso para este aporte, deducible de impuestos de ejercicios posteriores, estuvieron capitaneadas por el titular ABA y presidente del Banco Galicia, Eduardo Escasany.
El que viene será un fin de semana de actividades en Economía, ya que el lunes el gobierno anunciará antes de la apertura de los mercados financieros los montos de la rebaja salarial y a las jubilaciones, cuyo porcentaje dependerá de la decisión que adopte De la Rúa.
El secretario de Política Económica, Federico Sturzenegger indicó que "es el presidente el que tiene que resolver el punto de corte. Hay que ver cual es la jubilación mínima que acepta y representa mejor la voluntad de la población", para a partir de allí, indicar los cálculos correspondientes para mantener el equilibrio fiscal en las cuentas públicas.
La Ciudad
