Los hombres del Centro de Estudios Macroeconómicos (Cema), que desde hace dos semanas se enfrascaron en una pirotecnia verbal con el ministro de Economía, Domingo Cavallo, también tienen su propuesta de reforma fiscal. Jorge Avila propuso directamente abolir la política de fondo común que rige en la Argentina desde 1935 bajo "el nombre espurio de federalismo fiscal". Avila, basado en el trabajo que realizó a pedido por el Consejo Empresario Argentino, explicó que la reforma se concentraría en los impuestos al consumo y no sobre los patrimoniales o al ingreso. "Habría un IVA nacional con una alícuota del 11% y las provincias crearían un IVA idéntico al nacional que cobrarían por su propia cuenta con una alícuota del 10%", señaló. Respecto a ganancias, la idea es partir este impuesto en ganancias empresarias o corporativas, que cobraría la Nación, y ganancias personales, que estaría asignado a las provincias "por una cuestión de residencia, dado que quien contribuye recibiría los servicios, del gasto público, de alcantarillado, alumbrado, barrido, limpieza, educación y salud". El impuesto a las ganancias personales sólo gravaría honorarios, sueldos y salarios, y no los intereses que perciben las familias por sus ahorros. La alícuota iría del 2 al 33% en una escala progresiva. Sobre los impuestos al combustible, bebidas alcohólicas y cigarrillos, se partirían "horizontalmente", dejando una fase mayorista a cobrar por la Nación en refinerías y en fábricas, y una fase minorista a ser cobrada por las provincias, en autoservicios y en estaciones de servicios, "con las mismas alícuotas que rigen en la actualidad". Avila consideró que el impacto de la propuesta sobre las provincias es que aparecería un enorme desequilibrio entre las distintas jurisdicciones. "Dada la devolución de las facultades tributarias a las provincias, la Ciudad de Buenos Aires termina con un superávit del 150% de sus gastos, mientras que en el otro extremo se encuentra, por ejemplo, provincias como Formosa, La Rioja y Catamarca, cuyo déficit ascendería al 75% de sus gastos". En base este esquema las provincias superavitarias serían Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Un grupo neutro, entre las que entrarían San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. Las marcadamente deficitarias serían las 12 provincias del norte, desde San Juan hasta Entre Ríos, pasando por Jujuy, Misiones y Santiago del Estero. Como mecanismo compensatorio, Avila propuso la creación de dos nuevas instituciones: la primera tendría la función de actuar como un sistema horizontal de transferencias interprovinciales y la otra sería un fideicomiso federal. Avila consideró que de esta manera se dejaría "el eufemismo actual conforme al cual los gobernadores son elegidos por su pueblo pero al día siguiente, como su gasto depende en promedio en un 80 ó 90% de las transferencias de la Nación, pasarían a ser empleados del Secretario de Hacienda de la Nación. Ese es el régimen que tenemos hoy. Eso no es federalismo", remató.
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