El ministro de Economía, Domingo Cavallo, confía en que en septiembre el Congreso estará discutiendo, junto con el proyecto de presupuesto para 2002, los trazos gruesos de su plan de reforma tributaria. Dos meses parecen eternos en la Argentina de hoy pero al fin y al cabo es la propia crisis la que urge al ministro a mantener la iniciativa y acelerar la búsqueda de consensos. Así, desde lo político y desde lo fiscal, todos los caminos llevan al mismo lugar: un nuevo pacto entre la Nación y las provincias o, en otras palabras, un nuevo acuerdo entre el jefe de Hacienda y los gobernadores peronistas.
De hecho, esta ruta comenzó a ser transitada en la última semana con la tortuosa discusión que mantuvieron los funcionarios del gobierno y los mandatarios peronistas, mientras el riesgo país superaba récord tras récord. Desde hace más de una década, cuando se sancionó la última ley de coparticipación, la discusión entre la Nación y las provincias es el filtro por el cual tarde o temprano debe pasar cada ofensiva fiscal, sea que involucre a la recaudación o al gasto.
En este sentido, Cavallo dio claras señales desde que asumió en el Palacio de Hacienda del sistema impositivo que quiere: un esquema basado en la recaudación de dos impuestos (IVA y ganancias), con alícuotas menores a las actuales y reemplazando virtualmente a las contribuciones a la seguridad social y a los tributos provinciales.
Hasta hace unas semanas, los planes de competitividad le permitieron al jefe de Economía avanzar gradualmente con su plan de reforma impositiva sin chocar directamente con los gobernadores. Pensó que el entusiasmo de cada sector beneficiado era presión suficiente para que los mandatarios aceptaran resignar sus propios recursos. Sin embargo, el planteo comenzó a encontrar sus límites cuando varias provincias, entre ellas Santa Fe, comenzaron a firmar "con reservas" cada acuerdo competitivo. Y directamente estalló cuando el titular de Economía anunció un nuevo plan económico que le aseguraba un aumento de la recaudación de impuestos no coparticipables, compensada con la reducción de gravámenes que sí se comparten con las provincias.
Ese fue el caldo de cultivo de la crisis que estalló en la última semana entre Cavallo y los gobernadores y que, seguramente, terminará con un nuevo pacto federal (el tercero desde que asumió De la Rúa). Hacia ese punto converge la presión del gobierno nacional, de los organismos internacionales y del establishment financiero. Por algo, la reforma impositiva y la coparticipación volvieron a ser eje de las discusiones de la última convención de la Asociación de Bancos de la Argentina.
Es más, los principales cerebros de las fundaciones que financia el poder económico compitieron con sus propias propuestas. El Centro de Estudios Macroeconómicos (Cema), la Fundación Mediterránea, la Fundación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica (Fiel), el IAE y propio gobierno nacional dieron a conocer en el encuentro de banqueros sus propuestas para encarar la reforma tributaria.
A lo largo de las disertaciones, tanto del sector público como privado mostraron un alto grado de consenso sobre la necesidad de encarar una profunda reforma tributaria y sobre las variantes de cómo encararla. Con algunos matices, todos coincidieron en una generalización y reducción del IVA y ganancias, la sustitución de ingresos brutos por un IVA provincial, la eliminación de sellos y la tasa de seguridad e higiene municipal. Así como un mecanismo de compensación y de transición al nuevo sistema. También una reformulación de la administración y funcionamiento de los organismos de fiscalización y recaudación.
La versión del gobierno
El jefe de asesores del equipo de Cavallo, Guillermo Mondino, explicó que la reforma tributaria que impulsa el gobierno abarca a los tres niveles estaduales. "Es imposible sostener una reforma si no se logra resolver la relación entre Nación, provincias y municipios", señaló. El objetivo es apoyar el sistema en IVA y ganancias, llevando estos impuestos a estándares internacionales tanto en alícuotas como en cobertura y sistemas de control. El gobierno apunta a integrar los pagos y cobros comerciales, financieros e impositivos. "Las transacciones en efectivo pasarán a ser las operaciones sospechosas", remarcó una y otra vez Cavallo.
La idea es que a fines de 2002 esté en vigencia un IVA del 16%, del cual se puedan descontar los aportes patronales, y sobre el cual se cargue un impuesto "mochila" para las provincias, de entre el 4 y 5%.
El gobierno prevé además avanzar en la integración voluntaria del IVA y ganancias, de forma que el IVA que pagan los consumidores pueda ser descontado del impuesto a las ganancias personales.
La otra pata es la minimización de los mecanismos de retenciones y percepciones en las empresas y la bancarización de los pagos y la recaudación. También la eliminación del impuesto al endeudamiento y a la renta presunta "en la medida que las condiciones fiscales mejoren".
Respecto a los créditos fiscales, el gobierno prevé la creación de un fondo fiduciario para los saldos técnicos, que movilice los activos y pasivos impositivos. Para resolver las futuras acumulaciones de créditos fiscales, pretende arribar a una convergencia en un sistema con alícuotas impositivas uniformes.
Argentina dedica más del doble de recursos (0,38% del PBI) para la administración tributaria, que aquellos países que tienen una mejor performance recaudatoria como España o Chile. "Esto refleja subestándares de calidad y se refleja en los niveles de evasión, que en el caso del IVA ronda el 40%", apuntó el asesor de Cavallo. El propio Mondino estimó que con la alícuota actual del IVA, la Argentina debería recaudar el 8,3% del PBI. Sin embargo, sólo llega al 6,5%. La diferencia son 5 mil millones. Por esta razón, señaló que con "eficacia" se podría tener una alícuota del 17%.
Consideró que la evasión genera un desplazamiento de la carga tributaria en contra de aquellos que pagan, así como una competencia desleal que genera a su vez una pérdida de mercado. Para el asesor del equipo económico, la mayor presión tributaria desincentiva la acumulación de capital, que no es compensado por el sector informal, ya que las que empresas que tienden a evadir no poseen muchos activos físicos. "Es un incentivo a mantenerse pequeño, a no desarrollar mercados, marcas ni calidad, tiene claro sesgo antiexportador", acotó y se quejó de que el Poder Legislativo cambia constantemente las reglas de juego. En realidad, fue Cavallo quien, apenas asumió, solicitó los superpoderes y creó el impuesto al cheque, que desde el 1º de julio elevó la alícuota hasta su máximo permitido y subió el impuesto al gasoil, gravámenes no coparticipables.
La coparticipación
Estas movidas se producen no sin tensión entre el gobierno nacional y las provincias. Al fin y al cabo, las disputas entre "unitarios y federales" nacieron con la Independencia y, en términos simplificados, remiten a un mismo tema: cómo se reparte la plata de los impuestos.
El difícil consenso en torno de este tema explica por qué la historia del país recoge unas pocas leyes de coparticipación federal (la última sancionada durante el gobierno de Raúl Alfonsín) y, en cambio, una infinidad de pactos de "necesidad y urgencia". Nadie quiere resignar, hoy por hoy, una torta que llega a unos 50 mil millones.
Cavallo vuelve ahora a poner el tema en el tapete. No sólo Cavallo. También el riesgo país, la profunda crisis fiscal de la Nación y las provincias, y el nerviosismo de los mercados. Tras una semana de conflicto, el gobierno nacional y los mandatarios provinciales se vieron obligados a retomar el diálogo para apagar el incendio. El resultado: un nuevo compromiso de reducción de gastos y la contrapartida de fondos adicionales para pagar los sueldos de los empleados públicos y mantener los programas sociales básicos. Una película repetida con final cantado: un nuevo pacto federal en puertas.
La Ciudad
