El ex capitán naval Alfredo Astiz negó ayer toda responsabilidad en la desaparición forzada de Giovanni y Susana Pegoraro, y de Angela María Aieta, durante una audiencia en la cual la juez federal María Romilda Servini de Cubría lo notificó del juicio que se le sigue en Italia por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar.
Tras la audiencia, Astiz quedó preso en dependencias de la Prefectura Naval, donde permanecerá hasta que Italia remita al gobierno argentino el pedido para la extradición de Astiz, que es enjuiciado en Roma por la desaparición de Giovanni Pegoraro y de su hija Susana, y de Aieta.
Fuentes judiciales dijeron que Astiz, frente a la magistrada, se limitó a negar toda participación en los delitos que le imputa la Justicia romana.
El abogado Fernando Goldaracena, defensor del marino, planteó a su turno la falta de jurisdicción de los tribunales de Roma para investigar hechos ocurridos en la Argentina.
En fuentes judiciales se presume que el gobierno de Fernando de la Rúa no admitiría la extradición del ex represor a Roma (ver página 9).
Pasadas las 19 de ayer, Astiz fue trasladado desde el Departamento de Investigación Penal Administrativa (Dipa) de la Prefectura Naval hasta los Tribunales Federales de Comodoro Py, del barrio porteño de Retiro, donde fue celebrada la audiencia con Servini y el secretario Héctor Parodi.
Goldaracena fue designado ayer por la tarde -ver aparte- como representante legal de Astiz, quien fue acusado de decenas de delitos de lesa humanidad pero fue beneficiado en los años 80 por las leyes de obediencia debida y punto final.
Minutos antes de la medianoche del domingo Astiz se entregó voluntariamente en el Departamento Central de la Policía Federal, tras haber sido buscado sin éxito por efectivos que el viernes recibieron órdenes de la jueza Servini para proceder al arresto del llamado Angel de la Muerte.
Servini dispuso la detención de Astiz al hacer lugar a un requerimiento del juez de Roma Claudio Tortora, quien investiga la desaparición forzada de los ciudadanos ítalo-argentinos Giovanni Pegoraro, su hija Susana y Angela Aieta, madre del dirigente peronista Juan Carlos Dante Gullo.
Sin embargo el actual gobierno, al igual que la administración del ex presidente Carlos Menem, no ha reconocido jurisdicción a los tribunales extranjeros para tramitar procesos penales por delitos perpetrados en territorio argentino. Y, para dar luz verde a la extradición de Astiz, debería antes admitir la intervención de la Justicia italiana en la investigación de la represión ilegal.
La jueza Servini no indagó a Astiz porque no está facultada para interrogarlo acerca de hechos que se ventilan en otro tribunal. Pero apresó al ex represor a pedido de su colega romano, que ahora iniciará los trámites para la extradición del acusado.
Sin embargo, el juicio de extradición no será dirimido por los jueces sino por el Poder Ejecutivo, que a través del Ministerio de Justicia deberá admitir o no el traslado de Astiz a Roma para ser sometido allí al proceso que conduce el juez Tortora.
El ex capitán naval, de 48 años, ya ha sido condenado en Francia por la desaparición en 1978 de las religiosas galas Alice Domon y Leonie Duquet, y afrontó numerosas denuncias que quedaron sin efecto merced a las leyes del perdón.
El año pasado, la Justicia federal lo condenó por apología del delito a raíz de un controvertido reportaje que concedió a la revista trespuntos. Pero se encontraba en libertad cuando Italia libró la orden de captura que impulsó a Servini a colocar al ex marino tras las rejas.
Justamente Servini instruye la causa por la apropiación de la niña que dio a luz Susana Pegoraro cuando era prisionera del aparato represivo.
La menor, según las pruebas reunidas por la jueza, habría sido ilegalmente anotada como hija del marino Policarpo Vázquez, quien admitió haber recibido la beba de manos de un camarada de armas.
La chica, que lleva el nombre de Evelyn Karina Vázquez, rehusó someterse a los exámenes de ADN que acreditarían su identidad. Y la jueza ordenó la realización compulsiva de la prueba, pero esa medida fue apelada y está a estudio de la Corte Suprema de Justicia.
La semana pasada Policarpo Vázquez quedó libre por orden de la Cámara Federal, a raíz de que pasó dos años preso sin sentencia firme.
La Justicia de Roma también libró órdenes de captura contra el capitán de navío (RE) Jorge Vildoza, prófugo desde hace más de diez años y acreditado apropiador del varón que en 1977 dio a luz la desaparecida Cecilia Viñas.
A Astiz también se le atribuye la desaparición de la adolescente sueca Dagmar Hagelin, cuyo padre, Ragnar, manifestó su alegría desde Suecia por el arresto del ex represor (ver página 9).
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La Ciudad
