El justicialismo realizó ayer una demostración de fuerza como hace tiempo no ocurría para dejar en evidencia un sólido apoyo político al ex presidente de la Nación y titular del PJ, Carlos Menem, ante el pedido del fiscal Carlos Stornelli de que se lo cite como supuesto jefe de una asociación ilícita que se dedicó a la venta ilegal de armas al exterior durante su gestión. Paralelamente, trascendió que el juez federal Jorge Urso citaría a Menem y al ministro de Economía, Domingo Cavallo, luego de que declaren los ex funcionarios procesados (ver página 13).
Doce de los catorce gobernadores peronistas, entre ellos el bonaerense Carlos Ruckauf, el cordobés José Manuel de la Sota y el santafesino Carlos Reutemann, casi la totalidad de los senadores y diputados nacionales del PJ, como intendentes y legisladores provinciales junto a dirigentes sin cargos, colmaron el Salón Azul del Congreso, donde atronó en dos ocasiones la marcha peronista.
Apenas un cuarto de hora resultó suficiente para que el justicialismo le mostrara al gobierno, al Poder Judicial y a la sociedad que a pesar de las descarnadas internas que se registran pueden unir fuerzas cuando las circunstancias lo requieren, como sucede ahora, para convertirse en una coraza de protección para el ex jefe del Estado.
En el breve texto se dejó constancia de la firme "solidaridad" hacia Menem y se censuró la supuesta posibilidad de que "se politice la Justicia" o "se judicialise la política", además de calificar como "una aberración jurídica" el hecho de que un gobierno pueda ser considerado una asociación ilícita.
En la mesa principal se ubicaron los titulares de los bloques de senadores y diputados, José Luis Gioja y Humberto Roggero, y los 12 gobernadores presentes: De la Sota, Ruckauf, Reutemann, Rubén Marín (La Pampa), Juan Carlos Romero (Salta), Angel Maza (La Rioja), Julio Miranda (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa), Carlos Rovira (Misiones), Carlos Juárez (Santiago del Estero), Eduardo Fellner (Jujuy) y Carlos Manfredotti (Tierra del Fuego).
Los dos únicos mandatarios que no asistieron fueron el puntano Adolfo Rodríguez Saá -obligado a permanecer en su provincia por la visita que realizó el presidente Fernando de la Rúa- y el santacruceño Néstor Kirchner, quien se manifestó en contra de una postura corporativa partidaria para respaldar a Menem.
Duhalde, el gran ausente
La ausencia de mayor renombre del encuentro -sin contar al propio Menem, quien siguió las alternativas de la reunión por televisión en su domicilio del barrio de Belgrano (ver aparte)- fue la del titular del PJ de Buenos Aires y enconado adversario del ex presidente, el ex gobernador Eduardo Duhalde.
Mientras el Palacio del Congreso nacional se iba convirtiendo en una megatribuna justicialista se conoció que el ex procurador general de la Nación, el septuagenario profesor universitario Oscar Roger, será uno de los defensores que tendrá Menem en la causa que tramita el juez Urso. En el recinto estuvo la flor y nata del menemismo: Carlos Corach, Eduardo Bauzá, Eduardo Menem, Claudia Bello, César Arias, Javier Mouriño, Miguel Angel Toma, Daniel Scioli, Jorge Rodríguez y Ana María Mosso, entre otros.
Las deliberaciones comenzaron a las 13, en un marco eufórico que mostró a dirigentes de las diferentes líneas internas del PJ con un discurso unificado, haciendo hincapié en la "aberración jurídica" que creen que constituye el pedido de la Fiscalía.
La declaración, que fue leída por el diputado Roggero, puntualizó que "todos los justicialistas unidos venimos a testimoniar nuestra solidaridad con el ex presidente de la Nación, Carlos Menem, frente a la injusta situación a que se lo pretende someter".
Luego se destacó que "pretender que todo un gobierno, al ejercer sus funciones, puede constituir una asociación ilícita es una aberración jurídica que encierra prejuicios políticos incompatibles con una sana y democrática administración de justicia".
Cambios en el borrador
En el documento no se mencionó la supuesta "persecución política" que desde el martes último se vino denunciando desde el menemismo.
El texto de la declaración, como anticipó ayer La Capital, fue escrito por De la Sota, y luego tuvo algunos retoques en la reunión que previamente mantuvieron las conducciones de ambos bloques legislativos del PJ (ver página 14).
En el camino quedó la intención del menemismo de incluir en el documento una mención a casos judiciales que comprometen a funcionarios o allegados al actual gobierno, o marcar con énfasis la supuesta persecución contra quienes integraron el anterior gobierno nacional.
Sobre el borrador original de la declaración leída por Roggero en la asamblea se agregó en la versión final un segundo párrafo para dejar en claro que "el justicialismo ha venido y seguirá garantizando la gobernabilidad, la estabilidad democrática y el funcionamiento de las instituciones, pero no puede permanecer callado frente a lo que acontece en el orden judicial".
La Ciudad
