La oposición exige investigar las denuncias

Las repercusiones en el seno de la oposición por el informe publicado ayer por La Capital, en donde se brindaron detalles de la recaudación ilegal de la policía de Rosario, no se hicieron esperar. Desde el radicalismo y la democracia progresista cargaron no sólo contra la Unidad Regional II, sino también contra el subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez, el ministro de Gobierno, Angel Baltuzzi y el mismísimo gobernador.
El diputado demoprogresista Carlos Favario resaltó que Carlos Reutemann ocupa un lugar de privilegio político que nunca antes había logrado otro mandatario santafesino. "Este es un momento histórico. Si Reutemann tuviera la voluntad política de acabar con estos hechos y tomara las riendas del caso, se podrían destapar algunas ollas", disparó.
El legislador radical Angel D'Ambrosio consideró que la nota publicada en la edición de ayer dejó el camino abierto para continuar investigando. Por tanto, adelantó que presentará un pedido de informes para que se aclare por qué quedaron estancadas las causas iniciadas por el Juzgado de Instrucción Nº3 y la división de Asuntos Internos, sobre las irregularidades en los pagos de servicios adicionales de vigilancia.
"El gobernador no sabe, no quiere y no puede terminar con estos problemas que se presentan en la estructura policial", afirmó el legislador, quien aprovechó para embestir también contra Baltuzzi: "No tiene capacidad ni formación para afrontar estas dificultades. Por eso delegó todas las cuestiones policiales en el subsecretario de Seguridad".
Desde el Senado provincial, Alberto Beccani, radical por el departamento Rosario, prepara una batería de preguntas que formulará a Alvarez. Esta semana se llevará a cabo en la Cámara alta santafesina la segunda parte de la interpelación al secretario de Seguridad.
El radical explicó que los hechos de corrupción perduran porque el gobierno provincial nunca adoptó una verdadera decisión política de investigar. Luego anticipó que presentará un proyecto para que se constituya una comisión investigadora.
Los opositores coincidieron en asegurar que la caja negra en la estructura policial es un problema de vieja data. Incluso D'Ambrosio se remontó hasta los tiempos en que José María Vernet era gobernador y Eduardo Caíto Cevallo ministro político.
Beccani consideró que la existencia de una caja negra policial "es bastante conocida", pero recalcó que "nunca se habían publicado tantos detalles", y acusó a los distintos gobiernos provinciales de no poner la fuerza necesaria "para terminar con toda esta porquería".