El gobierno provincial dijo no tener acreditada la existencia de los mecanismos institucionales de recaudación ilegal en la policía rosarina que ayer fueron detallados por La Capital. El subsecretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Enrique Alvarez, sostuvo que todo lo que conoce sobre la integración de cajas negras es a través de la prensa. No obstante, aclaró que a raíz del informe periodístico ordenará "los procedimientos usuales en estos casos": la intervención de la Dirección de Asuntos Internos de la policía y, si hubiera mérito para una causa judicial, la de un tribunal provincial del fuero penal.
El silencio prevaleció en otras reparticiones a las que también concierne el tema de las cajas negras. No hubo pronunciamientos ni desde la conducción de la policía provincial, que ejerce el comisario general José Storani, ni desde la Jefatura de la Unidad Regional II, ocupada por el comisario general Francisco Previtera. El ministro de Gobierno, Angel Baltuzzi, fue otro de los que optó por no hablar. "Voy a analizar lo publicado sin hacer comentarios", dijo ayer.
Al margen de eso, fue significativo que ninguna esfera oficial cuestionara en forma enfática, ni siquiera en off, la veracidad de lo planteado en el informe especial, en el que La Capital reveló el modo en que la maquinaria recaudatoria de la policía funciona regularmente y de forma institucional. Allí se expuso cómo algunas secciones de Jefatura y comisarías cobran para tolerar acciones ilícitas o para no dificultar actividades legales. También el modo en que esos fondos siguen un recorrido escalafonario de abajo hacia arriba. El presupuesto negro, según informantes calificados enrolados en la propia policía, no es menor a 300 mil pesos por mes.
Sí fueron audibles las manifestaciones de algunos legisladores rosarinos que coincidieron en que es conocida la existencia de un presupuesto sucio de la policía local, y que lo novedoso del informe publicado por el diario es que avanza en detalles de su conformación. Los representantes de la oposición plantearon que el gobierno tiene poder suficiente para investigar y desarticular el sistema recaudatorio. Desde el oficialismo, la diputada justicialista Mónica González prometió plantear la cuestión en la reunión del bloque que se realizará pasado mañana en la Legislatura. Y el senador rosarino Alberto Beccani adelantó que en su próxima comparecencia en la Cámara alta, el titular de Seguridad Pública será interrogado sobre formas de funcionamiento y responsables de las cajas negras policiales (ver aparte).
Precisamente Alvarez, en quien el Poder Ejecutivo delega la conducción de la policía, destacó que en este caso la posición oficial es la misma que cuando, hace dos semanas, trascendió el fenómeno de los sobornos policiales a empresarios de la noche. "Asuntos Internos tiene una directiva específica que es intervenir cada vez que una denuncia periodística dé cuenta de un mal funcionamiento policial. Se debe hacer una investigación cuyos resultados yo debo recibir en un plazo no mayor a 30 días. La misma Dirección de Asuntos Internos o yo en persona, si lo consideramos necesario, haremos una presentación ante el juez en turno", remarcó.
-¿El gobierno no está al tanto de que haya cajas negras policiales en Rosario?
-No señor. Ni en Rosario ni en otro lugar de la provincia.
-Es decir que lo saben sólo por vía periodística
-Así es, por lo publicado en la prensa. Sobre cada supuesto periodístico se investiga. Si la nota tiene visos de verosimilitud haré una denuncia a la Justicia. En caso de que no sea cierta se desechará, como tantas otras cosas que se dicen y no se corroboran.
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La Ciudad
