La cónsul de Bolivia en Rosario, Margarita Aráuz, denunció ayer que cuatro menores bolivianos que entraron en forma ilegal al país vivían en estado de abandono y eran explotados laboralmente desde hace varios meses en una quinta de la localidad de Soldini, ubicada a 20 kilómetros de esta ciudad. La diplomática radicó la denuncia en el Juzgado Federal Nº3 a cargo de Carlos Carrillo. Los menores fueron derivados provisoriamente a los hogares del padre Tomás Santidrián por disposición del juez de menores, Leandro Artigas. En diálogo con La Capital, tanto la diplomática como el director de la delegación local de Migraciones, Marcelo Marchionatti, señalaron que la presencia de los jóvenes podría ser la punta del ovillo de una red de tráfico ilegal y explotación de menores extranjeros, que estaría dirigida por una mujer, argentina, de 21 años y por su marido, boliviano e ilegal.
El domingo último, Aráuz, Marchionatti y efectivos de Gendarmería allanaron, por orden de la Justicia federal, la quinta de Ricardo Campanella, ubicada en la zona rural de Soldini.
Allí encontraron a cuatro muchachos bolivianos (dos de 14 años, uno de 16 y otro de 20) indocumentados y viviendo, según subrayaron los responsables del allanamiento, en estado de "total abandono y explotación".
"El lugar es una tapera. Aparentemente los chicos dormían con la pareja que los trajo y su bebé en una misma pieza, muy sucia, entre frazadas, latas y cajones de manzanas. Dicen que los hacían trabajar recolectando verduras y que no les pagaban a pesar de que los trajeron con la promesa de realizar una labor remunerada. Uno de ellos adujo que estaba allí desde hacía 7 meses, el resto señaló que llegó a la quinta hace 4 meses. Dos dicen que ingresaron al país caminando, los otros lo hicieron en colectivo", señaló Marchionatti.
Desde Migraciones adelantaron que el dueño de la quinta podría recibir una sanción económica "importante" por albegar a extranjeros, menores e ilegales, en su propiedad. Además, añadieron que como Tarija (el departamento boliviano de donde serían oriundos) es sólo uno de los 20 pasos fronterizos entre Bolivia y la Argentina, se pidió desde la Dirección reforzar los controles en cada lugar y que Gendarmería hará lo propio en las rutas por las que circulan en las cuatro empresas de transporte de colectivos que unen a ambos países.
La cónsul dijo ayer estar "muy preocupada" por la situación de los menores y por la posibilidad de que estos casos sean la punta del ovillo de una red de tráfico ilegal aún mayor.
Los primeros casos
Aráuz dijo que el caso de estos cuatro menores tiene antecedentes. La primera denuncia relacionada con una supuesta importación de habitantes tarijeños la recibió en su consulado, en noviembre del año pasado.
"Alejandra, de 19 años, fue la primera joven que llegó al barrio Nuevo Alberdi -precisó la diplomática- engañada por una mujer que le prometió trabajo como empleada doméstica y salario. A los cuatro meses, en marzo de este año, me enfrenté a un caso similar: el de Tredina, de 17 años, quien trabajaba en Soldini. Ambas jóvenes señalaron a una mujer, de 21 años, cuyos padres serían oriundos de Tarija, como la responsable de sus traslados y posterior explotación", indicó.
La propia cónsul se encargó, por entonces, de que las jóvenes bolivianas fueron inmediatamente deportadas a su país de origen. "Ambas son de condición humilde y de escasa instrucción, una de ellas es analfabeta. Viven con sus familias en zonas rurales del departamento de Tarija, a 1.800 kilómetros de aquí", agregó Aráuz.
La Ciudad
