Ahora todos quieren saber si las cajas policiales existen, cómo operan y cuánto y para quién recaudan. Tres días después de que La Capital diera cuenta de los mecanismos de recaudación ilegales que emplearían muchos uniformados, la fiscal Rita Schiappa Pietra pidió ayer a un juez que inicie ya mismo una investigación sobre los pedidos de coimas a bares, burdeles, discotecas, hoteles, prostitutas, travestis y otros rubros, que pagarían a cambio de protección policial para poder mantener sus negocios.
Pero la fiscal no fue la única que actuó de oficio ante la denuncia de este diario: también el jefe de policía de Rosario, Francisco Previtera, ordenó pesquisas internas con el declarado propósito de saber si el cobro sistemático de coimas existe o si, en cambio, sólo se trata de un invento periodístico. El propio Previtera se lo hizo saber a La Capital, aunque al anunciarlo se negó a formular comentarios o hacer declaraciones sobre el tema.
La divulgación sobre la existencia de mecanismos de recaudación ilegal por parte de la policía causó los efectos de un terremoto en esa fuerza, donde se atribuyó a este diario las más disparatadas operaciones políticas supuestamente destinadas a desestabilizar a su estructura jerárquica.
También repercutió en el poder político, aunque en este caso con reacciones públicas desiguales. Un ejemplo: el silencio del subsecretario de Seguridad Pública, Enrique Alvarez, contrastó con la verborragia del ministro de Gobierno, Angel Baltuzzi, quien dijo sentirse "cansado" de las denuncias anónimas sobre la corrupción policial y buscó relativizar así el informe de La Capital.
Pero el argumento del ministro se hizo añicos ayer, cuando este diario publicó la denuncia del presidente del colectivo Arco Iris, Jorge Santana, quien contó con pelos y señales cómo la policía coimea a travestis que ejercen la prostitución en la calle, cobrándoles cash o "en especies", es decir mediante favores sexuales, para poder trabajar libremente en la denominadas zonas rojas.
Una fiscal atenta
No muy alejada de este microclima, que también repercutió fuerte en los Tribunales provinciales, la fiscal Schiappa Pietra se tomó dos días para estudiar la información sobre una red de cajeros policiales, cuyos detalles operativos fueron revelados a este diario por un oficial de la fuerza y avalados por varios pagadores de coimas, todos ellos del rubro bares y discotecas.
La fiscal envió un escrito al Juzgado de Instrucción Nº1, y como primera medida pidió que se cite a declarar al periodista que escribió el informe. Si su voluntad se cumple, el autor de estas líneas debería acudir como testigo para contar lo que sabe acerca de los cajeros de la noche y otros rubros. La intención de Schiappa Pietra es que se investigue si las cajas negras existen y, en caso afirmativo, quiénes son los recaudadores ilegales.
Como la titular del Juzgado de Instrucción Nº1 está de licencia, la causa quedará a cargo del juez Carlos Alberto Carbone, el mismo que desde febrero investiga el supuesto pago de coimas de empresarios de la noche a inspectores de la Dirección de Registración e Inspección municipal, entre ellos al desplazado jefe de esa oficina, Julio José Occhi.
Sin embargo, la fiscal no estará sola en la búsqueda de la verdad acerca de estos mecanismos ilegales, ya que -siempre y cuando cumpla con su anuncio- también el jefe de la Unidad Regional II investigará "a fondo" esta cuestión.
Previtera se reunió el martes con el juez Carbone, aunque lo hizo en realidad para trasladar la inquietud que lo remordía desde el domingo tras leer la edición de ese día de La Capital: "¿Usted tiene alguna denuncia contra la policía?", indagó. Recién cuando supo que en el expediente que tramita Carbone sólo se investiga a tres inspectores municipales, y que no hay allí ninguna referencia a algún subordinado suyo, el jefe de la policía local se sintió seguro para anunciar él mismo su propia investigación.
Estas pesquisas, se apuró a decir después, estarán a cargo de tres reparticiones policiales: la sección Judiciales, Asuntos Internos y Sumarios Administrativos. "La investigación comienza ahora mismo, pero que quede claro que denuncia no hay", dijo Previtera, quien demostró así haber asimilado rápidamente el discurso del ministro Baltuzzi.
La Ciudad
