El gobierno admitió ayer que existe "preocupación" en las Fuerzas Armadas por el fallo judicial que anuló las leyes de punto final y obediencia debida. Además, consideró "no razonable" que se reabran cuestiones que habían quedado cerradas con la sanción de dichas normas.
El flamante ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, afirmó que "sería querer tapar el sol con un arnés si no dijera que esta es una situación preocupante", al ser consultado sobre si el fallo del juez federal Gabriel Cavallo provocó inquietud en las filas castrenses.
Lo cierto es que militares retirados y en actividad no ocultaron ayer su profundo malestar. Además, las cúpulas de las tres fuerzas mantuvieron reuniones por separado para analizar la situación, a la que que consideran un problema político. De todos modos, ratificaron su total respaldo al sistema democrático.
La decisión del magistrado implica "un retroceso que no conduce hacia la pacificación y que volverá a abrir viejas heridas", aseguraron fuentes castrenses.
Luego señalaron que la medida "será apelada en forma individual" por cada uno de los militares involucrados ante la Cámara de Casación y, de ser necesario, ante la Corte Suprema de Justicia.
Paralelamente, la Fuerza Aérea no realizará ninguna presentación institucional para reclamar información sobre su personal ante los organismos de derechos humanos. Y, de producirse algún caso, el planteo será particular.
En tanto, el Ejército realizaría unas mil presentaciones más, con personal del interior, de otras fuerzas y retirados. Además, se sumará gente de la Policía Federal y de las policías provinciales.
La Armada efectuará una presentación institucional a través del Ministerio de Defensa, jugada que ya estaba acordada realizar antes del arribo de Jaunarena a esa cartera.
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La Ciudad
