Isidoro Gilbert
La primera reacción en el oficialismo por el fallo del juez federal Gabriel Cavallo fue de visible malestar. Desde un off the record sosteniendo que "es una aberración jurídica" hasta indicaciones del presidente a los ministerios de Defensa y de Justicia para que analicen la situación, lo sucedido ocupó ayer todo encuentro político.
El secretario de Asuntos Militares, Angel Tello, se encargó de monitorear la reacción en las fuerzas e indicar que no habría ningún pronunciamiento oficial, a pesar de que Jorge de la Rúa analizó la resolución.
En Defensa revelaron que hubo "muchos comentarios militares de pasillo con indudable preocupación" y que, como la resolución no fue inesperada, ya tenía elaborada una respuesta. Es este movimiento por el hábeas data, derecho constitucional sobre qué se sabe acerca de cada ciudadano para poder defenderse ante cualquier eventualidad, que se inscribe en la política por la reconciliación que impulsa, sin éxito, el jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, el primero que pidió que le exhiban qué se conoce sobre su comportamiento en los años de plomo.
El titular del Cels, Horacio Verbitsky, prometió que el organismo dará a conocer a la brevedad el informe que disponen sobre el paso de Brinzoni cuando, como capitán, tuvo un cargo político en la intervención militar en Chaco, en tiempos en que se consumó la tragedia de Margarita Belén, señalada como una "ley de fugas" aplicada a prisioneros. "Es posible que lo querellemos criminalmente", anticipó Verbitsky.
Se espera que los abogados de los imputados en los hechos sufridos por Gertrudis Hlaczic y José Poblete apelarán la resolución, de la que no se harán cargo las Fuerzas Armadas. Pero, en todo caso -anticipó Cavallo- el trámite no detendrá la indagatoria de los cuatro acusados en la causa a los que se los convocó. De todos modos, en algún momento el caso irá a la Cámara de Apelaciones, y más tarde a la Corte Suprema, que tiene una acordada dándole categoría constitucional a las leyes comúnmente conocidas como de impunidad. Según los abogados del Cels, hay motivos para pensar que el máximo tribunal puede cambiar de opinión, en principio porque su composición actual no es la de entonces.
Sin embargo, la certeza deviene de otros factores, del efecto aquí y en otros países -Chile especialmente- del fallo de Baltasar Garzón (ordenando la detención y extradición del general Augusto Pinochet), que fue acompañado por la muy moderada Audiencia Nacional de España y por el muy conservador tribunal de los Lores británicos.
Más recientemente, sin que nadie pensara en ello meses atrás, el alto tribunal chileno desbrozó el camino para el procesamiento de viejo general, quitándole los fueros que le daba el cargo de senador vitalicio.
¿Se abre la caja de Pandora? En primer lugar, la resolución esta ceñida para un caso puntual porque abarca tanto el secuestro de niños (fuera del alcance de toda ley protectora), pero también al de los padres, que es lo nuevo, ya que es imposible separar un delito del otro. Ahora depende de cada juez: pueden tomar otros casos puntuales y denuncias concretas que realicen particulares u organismos humanitaristas.
Dar un número de oficiales -en su inmensa mayoría retirados- que podrían ser llamados por los tribunales es, por eso, arriesgado. Pero sin duda que la resolución cambia la historia y habrá una parte de la biblioteca que la respaldará y otra que impugnara. Sólo el 10 por ciento de los cuadros militares pasaron por las fuerzas en esos tiempos, y se supone que un puñado podría ser señalado por violaciones a los derechos humanos.
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La Ciudad
