Contra la "incertidumbre" inversora

Montevideo. - Aunque en las horas previas al voto se negó a hacer campaña por la abstención, el presidente Jorge Batlle afirmó con ardor durante semanas su neta oposición a los objetivos del referendo de ayer.
Batlle afirmó que un eventual referéndum obligatorio retrasaría la inversión en Uruguay y que la consulta de ayer a la ciudadanía generaba "incertidumbre", entre los inversores externos. "Cuando hay incertidumbre, los que piensan en invertir siempre detienen sus decisiones. Eso es lógico. Hasta que no se sepa qué va a pasar nadie va a dar un paso. Se pospone la realización de cosas que son centrales para el país", había afirmado la pasada semana en el departamento de Rivera, al norte del país.
El diario El Observador agrega que Batlle y también su aliados del Partido Nacional defendieron los artículos de la ley de urgencia cuestionados, particularmente los que se refieren al puerto de Montevideo y a la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE). Ambos líderes indicaron que la posibilidad de que particulares utilicen las vías férreas pagando un peaje favorecerá el transporte de la producción de madera. Indicaron que, de otro modo, el Estado debería realizar una importante inversión para mejorar las carreteras. Batlle señaló que impedir el empleo de las vías férreas a particulares sería lo mismo que negar a los camiones privados el uso de las rutas nacionales estatales. Los promotores del referéndum, y particularmente Vázquez, indicaron que la primera ley de urgencia forma parte de una política económica que alienta la "privatización" de los bienes del Estado.
Independientemente del resultado de ayer el EP-FA de Vázquez se prepara para promover otro referéndum contra la norma presupuestaria que habilita al Estado a enajenar el 40% de las acciones de Ancel. El gobierno cree que un resultado favorable a la oposición en la votación de ayer hubiera demorado las reformas estatales que se propone realizar en los bancos oficiales y las cajas de jubilaciones militar, policial y las paraestatales. También quiere modificar normas de funcionamiento de los entes autónomos y promover desregulaciones.