El presidente Fernando de la Rúa firmará mañana el decreto reglamentario de la ley de lavado de dinero, en un intento por dar señales claras del compromiso de su administración para combatir las maniobras realizadas con fondos procedentes de ilícitos.
En esa misma línea, el gobierno también presentará hoy una acción ante la Justicia para promover una investigación penal basada en las conclusiones del Senado estadounidense sobre presuntas operaciones de blanqueo de dinero que involucrarían a bancos locales.
La presentación será realizada por el procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, a partir de una instrucción presidencial, para "reafirmar en la Justicia la intención del gobierno de que se avance todo lo que sea necesario en la investigación", según anticipó el ministro de Economía, José Luis Machinea.
Tras conocerse la pesquisa que sigue adelante el Senado estadounidense sobre supuesto lavado de dinero en el país, el gobierno delarruista decidió acelerar la reglamentación de la ley 25.246 sobre la materia que ya está aprobada por el Congreso nacional.
De la Rúa ratificó anteayer, mediante un comunicado oficial, la voluntad de su gobierno de combatir el blanqueo de dinero, y aseveró: "Si aparecen casos puntuales vamos a redoblar el rigor y el esfuerzo porque para nosotros es un tema prioritario".
El gabinete nacional culminará mañana el análisis del decreto reglamentario, que ya sufrió varias postergaciones, cuyo eje central será la creación de la Unidad de Información de Inteligencia (UIF) tendiente a investigar maniobras procedentes de dinero ilícito.
Esta comisión especial estará integrada por once miembros, seis de los cuáles serán representantes del Poder Ejecutivo procedentes del Banco Central, los ministerios de Justicia y Economía, la Comisión Nacional de Valores, la Afip y la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico.
Los otros cinco miembros serán expertos elegidos por concurso público.
El jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, anticipó que mañana quedará conformado un grupo de funcionarios de primer nivel de organismos gubernamentales encargados de poner en funcionamiento definitivo la UIF.
La Unidad de Inteligencia Financiera deberá analizar y transmitir informes para evitar el blanqueo de dinero proveniente de delitos como el narcotráfico, el contrabando de armas, fraude contra la administración pública, la prostitución y la pornografía infantil.
La comisión tendrá facultad para actuar en todo el territorio nacional y solicitar información a cualquier organismos público nacional, provincial o municipal y personas físicas o entidades públicas o privadas, quienes están obligados a proporcionarla. También podrá solicitar allanamientos judiciales, requisas personales y secuestros de documentación que crean de utilidad para la investigación que lleven adelante.
La UIF funcionará en la órbita del Ministerio de Justicia, encabezado por Jorge de la Rúa, y sus alcances y facultades generaron debates internos tanto dentro del gobierno como con las cámaras bancarias, debido a que podrán acceder a información reservada.
Mientras el gobierno se apresta a reglamentar la ley de lavado de dinero, desde el seno de la Alianza siguen surgiendo críticas y sospechas sobre la política desarrollada por el Banco Central para evitar el blanqueo de dinero en el país.
El jefe del bloque de diputados aliancistas, Darío Alessandro, advirtió ayer que el titular del BCRA, Pedro Pou, podría haber encubierto al ex banquero Raúl Moneta en supuestas maniobras de lavado que son investigadas por el Senado norteamericano.
La investigación de los senadores estadounidenses justamente señala al Banco República -que dejó de operar en abril de 1999 y era propiedad del empresario Moneta- y a Mercado Abierto, del financista Aldo Ducler, como posibles rutas del lavado de dinero en la Argentina.
Por su parte, el diputado demócrata mendocino, Gustavo Gutiérrez, afirmó que "nombres importantes" vinculados al sector privado o a la política deberán "explicar" de dónde salieron los fondos con los que se concretaron significativos movimientos bancarios del exterior y que pueden "presuntamente" considerarse como lavado de dinero.
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La Ciudad
