Once presos por el ataque al cuartel militar de La Tablada que en 1989 fueron condenados a prisión perpetua obtuvieron ayer una conmutación de penas a través de un decreto del presidente Fernando de la Rúa, quien procuró así cumplir con los pactos de derechos humanos a los que adhirió Argentina y evitar sanciones internacionales contra el país.
La medida, anticipada por el propio presidente, fue anunciada ayer por la tarde desde la Casa Rosada y, poco después, los presos pusieron fin a la huelga de hambre que iniciaron el 5 de setiembre último en demanda de la libertad.
Los reclusos recibieron la noticia en los hospitales Santojanni y Fernández, de la Capital Federal, donde se encuentran internados a causa del largo ayuno. La excepción fue Isabel Fernández, que está alojada en la colonia penal de Ezeiza y suspendió la huelga tiempo atrás por temor a dejar huérfana a su hija, producto de la unión con el también ayunante Gustavo Mesutti.
El decreto presidencial no benefició al ex líder guerrillero Enrique Gorriarán Merlo ni a su ex mujer, Ana Sívori, condenados recién en 1997 porque lograron mantenerse prófugos por años.
Ambos realizaron la abstinencia alimentaria por 117 días, aunque sabían que difícilmente pudieran ampararse en las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que ha reclamado una reparación para los militantes del Movimiento Todos por la Patria condenados por el ataque en octubre de 1989.
Al estampar su firma en el decreto 1.263, el presidente redujo a 25 años la condena de reclusión perpetua impuesta por la Justicia federal de San Martín a Roberto Felicetti, supuesto jefe operativo del ataque al cuartel y compañero de celda de Gorriarán en la cárcel porteña de Villa Devoto.
Felicetti, cuya esposa, Dora Molina, purgó una pena de prisión por el ataque, podría quedar libre en enero del 2005 según estimaciones de la defensa. Pero su situación será definida por el Tribunal Federal Nº2 de San Martín, ya que presente antecedentes penales.
La condena a prisión perpetua dictada contra Claudia Acosta fue conmutada ayer por una pena de 22 años de cárcel.
Y las penas máximas que purgan Miguel Aguirre, Luis Díaz, Isabel Fernández, Gustavo Mesutti, José Moreyra, Carlos Motto, Sergio Paz, Claudio Rodríguez y Claudio Veiga quedaron reducidas a 20 años. Cuando cumplan dos tercios de la condena (aproximadamente en marzo del 2002), si acreditan buena conducta y carecen de antecedentes, los reclusos podrán recuperar la libertad.
Se ha evaluado la opción de mantener la situación jurídica actual, recibiendo sanciones internacionales, o modificarla moderadamente en relación a personas que seguirán siendo condenadas por los graves hechos que cometieron y que continuarán cumpliendo su pena, considerándose la segunda alternativa como la más adecuada para asegurar los altos intereses de la Nación, refiere el decreto presidencial.
Satisfacer compromisos
El ministro de Justicia y hermano del presidente, Jorge de la Rúa, evaluó que los nueve presos que obtuvieron una reducción de condenas a 20 años serán liberados en la primera mitad del 2002, y repitió que con la conmutación de penas el gobierno busca satisfacer compromisos internacionales.
Está conmutación no cumple con la Cidh y por lo tanto vamos a seguir con la batalla legal, dijo el abogado Rodolfo Yanzón, defensor de los reclusos, quien estimó que para mayo del 2002 comenzarán las excarcelaciones (ver aparte).
Por la tarde, familiares y amigos de los presos se concentraron frente a la Casa Rosada y ofrecieron una conferencia de prensa. Admitieron, al igual que Yanzón, que la reducción de sanciones penales alivia la situación de los condenados aunque no es lo que se venía pidiendo.
Mientras, las repercusiones políticas no se hicieron esperar. El gobernador bonaerense Carlos Ruckauf salió a criticar la indulgencia presidencial: Lo que puedo decir es que en la provincia de Buenos Aires, aquellos asesinos que pidieron reducción de penas, las rechacé a todas (sic).
El decreto de De la Rúa coronó un año cargado de gestiones oficiales infructuosas por obtener una salida parlamentaria o judicial al asunto.
La resistencia del PJ a sancionar una ley que otorgara a los presos la posibilidad de apelar y consecuentemente a obtener la libertad por vía del dos por uno, sumada a la negativa de la Casación y la propia Corte Suprema de Justicia a habilitar una revisión de las condenas, colocó al presidente bajo la exclusiva alternativa del decreto.
La decisión fue tomada bajo la presión de una huelga que dejó a los presos internados, con pérdidas de más de veinte kilogramos de peso, y bajo la fuerte insistencia de organizaciones internacionales para brindar una reparación a los reclusos.
La Ciudad
