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 jueves, 03 de mayo de 2007  
La causa Skanska fue dividida en dos jueces

La Cámara en lo Penal Económico dividió en dos la causa Skanska, en la que se investigan presuntos pagos irregulares de esa empresa sueca para acceder a las obras de ampliación de un gasoducto.

La Sala B de la Cámara resolvió dejar en manos del juez en lo penal tributario Javier López Biscayart la parte del expediente vinculado con la supuesta “evasión de los impuestos al valor agregado y a las ganancias por parte de los directivos de Skanska SA”.

En tanto, el juez en lo criminal federal Guillermo Montenegro seguirá investigando el supuesto “cohecho” que habrían pagado esos mismos directivos de la empresa sueca y que podrían haber llegado hasta algún nivel del Ministerio de Planificación.

Los camaristas Alberto Pizzatelli, Marcos Gravibker y Roberto Hornos consideraron que “el delito de cohecho es de competencia del fuero federal y no del fuero penal tributario”.

“La investigación concerniente a los fines por los cuales los responsables de Skanska SA habrían utilizado facturas de una sociedad inexistente, no necesariamente debe estar relacionada con la investigación de la evasión impositiva, razón por la cual resultaría prematuro adjudicar a un juzgado penal tributario la competencia sobre un delito de naturaleza federal”, sostiene la resolución.

Así, la propia Cámara deja abierta la posibilidad de que la utilización de facturas “truchas” hubiera tenido por objetivo canalizar el pago de los supuestos sobornos y no meramente la evasión de impuestos.

“De la denuncia que se remite a las noticias periodísticas publicadas en diversos medios no puede por el momento establecerse alguna razón para considerar que los hechos denunciados deban ser investigados conjuntamente con la causa que se sigue por infracción al Régimen Penal Tributario”, añadieron los jueces.

Por esas razones, decidieron desdoblar la investigación, lo que en los hechos prácticamente ya estaba sucediendo.

“Se advierte que la unificación de investigaciones pretendida produciría una trasgresión a las normas sobre competencia penal y demoras que resultan incompatibles con la garantía de defensa en juicio”, indicó la decisión de la Cámara, según revelaron las fuentes. (DYN)
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