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 miércoles, 26 de julio de 2006  
Cinco años por extorsionar vía telefónica desde la cárcel
La pena recayó sobre un preso que purgaba una condena por robo calificado en la prisión de Riccheri y Zeballos

Fueron tres las llamadas que efectuó desde el teléfono público del pabellón A de la vieja cárcel de Encausados, de Riccheri y Zeballos, el lugar donde cumple una condena a siete años por robo calificado. El propósito fue apretar a un gerente de una conocida compañía de seguros haciéndole creer que la hija de un colega estaba secuestrada para obtener, en el medio de las llamadas de negociación, los códigos de tarjetas de telefonía prepaga. Se trató de los tantos casos conocidos como "secuestros virtuales", pero con la diferencia de que en esta oportunidad el autor de la maniobra fue detectado y condenado a cinco años más de encierro por extorsión.

Como el protagonista de la historia aún cumple una pena de siete años, los cinco que le aplicaron ahora se acumularon a la causa judicial anterior. Por lo tanto deberá permanecer detenido hasta agosto de 2012, siempre y cuando el fallo quede firme. La jueza de Sentencia Nº7, Carina Lurati, autora de la resolución, declaró a Luis Villa, "reincidente por segunda vez" -porque cometió el hecho mientras purgaba una pena anterior- y agravó la acusación: de amenazas coactivas y tentativa de estafa pasó directamente a extorsión. De todas maneras, el dictamen no está confirmado porque el abogado pidió que la Cámara de Apelaciones en lo Penal revise el fallo.

El hecho investigado ocurrió el 30 de agosto de 2004 y comenzó poco después de las 13.30 cuando un llamado telefónico ingresó en la casa central de una aseguradora. La comunicación llegó a la empresa a través de un 0800 y fue derivado al interno de uno de los gerentes. Según la denuncia que el directivo realizó en la sección Seguridad Personal de la Unidad Regional II, un hombre "con la voz como nerviosa y con palabras entrecortadas" le anunció que tenía secuestrada a una nena de unos 12 ó 14 años, hija o sobrina de un jerárquico de la firma, de nombre Yanina, a quien matarían en caso de que no les proporcionaran lo solicitado.

Como primera imposición, el captor le ordenó a su interlocutor que comprara ocho tarjetas de diez pesos cada una de Telecom Global, cuatro de celulares CTI y cuatro para teléfonos públicos. El delincuente le dio 30 minutos para conseguir las tarjetas y así supuestamente retomar las negociaciones. El directivo, abrumado por las dudas, no dudó en cumplir con lo que le pidieron. El segundo llamado ingresó a las 14.04, según se pudo probar en el expediente. Allí, el directivo le pasó los tres códigos de las prepagas que consiguió, tras lo cual el captor dijo que se volvería a comunicar más tarde.

Eso ocurrió a las 14.20, "siempre nervioso y apurado por querer obtener la totalidad de las tarjetas solicitadas", se lee en la resolución judicial. Cuando el directivo, al tiempo, sospechó que podría tratarse de una burla decidió hacer la denuncia. La investigación judicial y policial determinó que las llamadas entrantes al 0800 de la compañía fueron 15 entre las 13.07 y las 17.51 de aquel día. Esas comunicaciones habían salido del teléfono 4359700 de Zeballos 2951, la cárcel conocida como "La redonda".

Personal penitenciario, bajo pedido de la policía y del juzgado de instrucción interviniente, descubrió que el interno Luis Villa junto con otro compañero eran quienes usaron el teléfono ese día y a esa hora. "Desde el teléfono del citado pabellón A se hicieron llamadas utilizando las tarjetas adquiridas por el gerente. Esas comunicaciones fueron hechos a personas que viven en las inmediaciones del domicilio de Villa", consignó Lurati entre los los fundamentos del fallos.

Para la jueza, "los hechos imputados a Villa que se han tenido por acreditados en el grado de certeza razonable se encuentran adecuados en la figura de la extorsión". Se trata de una figura más grave que las de amenazas coactivas y tentativa de estafa, por las cuales Villa fue procesado en primera instancia. "El imputado amenazó con un mal para lograr una prestación de carácter patrimonial. Y lo hizo en pleno conocimiento que su obrar iba a causar el resultado buscado, por cuanto el hecho fue cometido en agosto de 2004, época en que en nuestro país el temor a ser secuestrado era quizás el más generalizado en la sociedad", argumentó.
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El recluso fingió desde la cárcel tener secuestrada a una menor.


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