Juzgarán en Santiago a tres productores santafesinos

Los acusan de apoderarse en forma fraudulenta de 350 mil hectáreas en el norte de esa provincia

Tres empresarios rurales santafesinos serán juzgados en Santiago del Estero por la presunta apropiación fraudulenta de más de 350 mil hectáreas en los departamentos Copo y Alberdi, informaron ayer fuentes judiciales. La resolución de la Cámara de Juicio Oral de I Nominación afecta a una causa originada hace 15 años e involucra el interés de la provincia santiegueña y de miles de agricultores.

En la investigación, originada el 18 de mayo de 1991 por una denuncia de la Fiscalía de Estado, se encontraban ya imputados los empresarios José Domingo Santillán, Hugo Arteaga, Pedro Ramón Santiesteban y Horacio Cantarella.

Durante la instrucción judicial, la Pastoral Social del Obispado santiagueño y organizaciones de derechos humanos lograron frenar el remate de las 350 mil hectáreas, que abarcan pueblos y campos en los departamentos Copo y Alberdi, unos 300 kilómetros al norte de la capital provincial, cerca del límite con Salta.

Hace más de una década, el ex juez Luis María Argañaraz había ordenado el procesamiento de cinco empresarios santafesinos por la venta ilegal de las tierras en litigio. En el caso, reflejado por la prensa local, se estableció la falsificación de títulos para vender las tierras mediante una maniobra fraudulenta realizada en el Registro de la Propiedad Inmueble de Santiago del Estero durante la gestión del ex gobernador Carlos Juárez.

Informes apócrifos indicaban que sobre las propiedades no pesaban embargos ni deudas impositivas, para facilitar la venta de esas tierras pese al prolongado e irresuelto litigio en el que el Estado provincial aparece como principal damnificado.

En diciembre de 1993, la Justicia falló en favor del Estado en un juicio contra el empresario porteño Mario Pereyra, que intentó apoderarse de las tierras mediante la presentación de escrituras falsas. Sin embargo, esos mismos papeles reaparecieron después en el intento de vender las tierras a un grupo de empresarios santafesinos.

En un fallo judicial dictado por la Cámara de I Nominación, se logró determinar que el empresario Pereyra "pretendió inscribir en el Registro Provincial de la Propiedad escrituras falsas que datan del año 1951 y fueron impugnadas por el gobierno provincial".

El caso denunciado en 1991 en la Legislatura provincial motivó la intervención de la Fiscalía de Estado debido a que las tierras que se pretendían escriturar de modo fraudulento incluían poblaciones, hospitales, establecimientos rurales, escuelas y caminos provinciales.

En la misma resolución judicial, se rechazó un pedido de sobreseimiento y prescripción de la causa solicitado por Luis Vergottini, abogado del empresario Pereyra, quien nunca pudo ser indagado porque residía en la Capital Federal y sufría hemiplejia. Más tarde aparecieron nuevos boletos de compra-venta de las mismas tierras, cuya eventual enajenación con falsos títulos causaría un irreparable perjuicio económico a la provincia y a miles de agricultores.