Editorial

El valor de la transparencia

La media sanción por parte de la Cámara de Diputados de la provincia del proyecto de ley de acceso a la información pública sin la inclusión de la restrictiva cláusula de “interés legítimo” debe ser saludada como un valioso paso adelante para toda la sociedad santafesina. Es de desear que la norma no encuentre obstáculos en el Senado.

La Argentina ha aprendido, lenta y dificultosamente, a valorar el estado de derecho y a darle a la democracia la real estatura que posee. Muchas veces lesionada y también devastada por los autoritarismos, la República ha entendido tras décadas de ceguera que para resurgir deberá hacerlo ineludiblemente sobre la base del respeto a las instituciones. Y entre los pilares de la reconstrucción democrática debe mencionarse en primer lugar el libre accionar de la prensa, siempre vinculado al irrestricto acceso a la información.

   La aprobación por parte de la Cámara de Diputados santafesina, en la última sesión ordinaria del período, del proyecto de ley de acceso a la información pública debe ser saludado como un avance significativo dentro de un terreno plagado de obstáculos que deben ser removidos en beneficio del conjunto de la sociedad provincial. Particularmente valioso resulta, en ese sentido, que la norma que obtuvo media sanción en la Cámara baja excluyera la funesta cláusula denominada de “interés legítimo”, de naturaleza abiertamente restrictiva y que en realidad iba a funcionar a modo de filtro, bloqueando el derecho al libre acceso al conocimiento de los actos gubernamentales.

   El dictamen que se votó concede el derecho a toda persona, física o jurídica, a “acceder a una información veraz, adecuada y oportuna de los entes y órganos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, empresas y sociedades del Estado y otros entes que constituyen la administración general del sector público”. Se trata de un indudable logro, que pone a Santa Fe a la vanguardia nacional en un ámbito crucial para la salud de la democracia. Vale la pena recordar que el proyecto de ley nacional —que incluye limitaciones aún más graves que las impulsadas por el Senado de la provincia— acaba de perder estado parlamentario.

   Ha sido el Senado el principal vallado a sortear por la norma: de allí provino el arbitrario concepto de “interés legítimo”, que permitía a la Corte Suprema provincial o las presidencias de cualquiera de las Cámaras determinar quién o quiénes eran acreedores del derecho a acceder a la información después de demostrar la “legitimidad” de su requerimiento. Sin dudas un criterio elitista, casi al modo del voto calificado.

   Los actos públicos deben estar expuestos sin restricción alguna ante toda la ciudadanía, con las lógicas excepciones que la norma votada contempla y que hacen a los datos personales sensibles, el peligro a la vida humana o cuando se ven afectados la intimidad o el honor de las personas. Es de desear que el Senado se sume al espíritu abierto del proyecto votado en Diputados y el bloque oficialista sopese el gesto del gobernador Jorge Obeid, quien lo incluyó en el decreto por el cual convocó a sesiones extraordinarias a la Cámara alta de la provincia.

   Santa Fe lo necesita, y además lo merece.