Fracasa convocatoria a encuentro por la unidad en Bolivia

La Paz- El gobierno de Bolivia suspendió hoy un encuentro convocado para el próximo lunes por el presidente Carlos Mesa, ante la negativa de varios sectores, y advirtió que los "riesgos para la convivencia democrática y la unidad del país se mantienen vigentes".

"No queda otra opción que suspender la realización del encuentro por la unidad de Bolivia", señaló el ministro de la Presidencia, José Galindo, durante una conferencia de prensa.

La determinación del Ejecutivo se produjo después de que el Congreso descartara su participación en la reunión del lunes, cuya instalación estaba prevista en Sucre, la capital constitucional de Bolivia, en un hecho que motivó la ausencia del poder Judicial.

Mesa había invitado a políticos, sindicalistas y delegados de distintas organizaciones a dialogar sobre la ley petrolera, el referéndum sobre autonomías, la elección directa de gobernadores y la Asamblea Constituyente.

Formuló esta invitación después de anunciar su "observación conceptual" a Ley de Hidrocraburos, la cual describió como "un instrumento de división de Bolivia".

"La ley es hoy un instrumento a través del cual fuerzas distintas, con objetivos diferentes, con visiones muy confrontadas, pueden en pocos días colocar al país en el riesgo de un enfrentamiento insalvable", advirtió Mesa en su mensaje al país.

La convocatoria al encuentro también fue rechazada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) -partido del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada-, el Tribunal Constitucional y empresarios de la región de Santa Cruz (oriente).

El Movimiento al Socialismo (MAS, oposición), el tercer partido con mayor representación en el Congreso, supeditó su participación a que se permita la presencia de las organizaciones sociales.

A su vez, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), del ex presidente Jaime Paz (1989-93), anticipó que en caso de asistir lo hará a través de un representante. Similar posición adoptó la Nueva Fuerza Republicana (NFR).

Varios de los alcaldes habían aceptado el llamado de Mesa, al igual que la Iglesia católica, la Defensoría del Pueblo y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. (DPA)