Intendentes rechazan administrar el agua

La mayoría de las ciudades donde se cayó el servicio dice no estar preparada. Rafaela se pliega a Rosario

La mayoría de los intendentes de las ciudades en las que Aguas Provinciales presta el servicio de agua y cloacas manifestaron la imposibilidad de hacerse cargo de la prestación y expresaron su preocupación por la falta de inversiones. Así se lo hicieron saber ayer al gobernador Jorge Obeid en el marco de los encuentros que el mandatario mantiene con los referentes de las distintas localidades tras el anuncio de la concesionaria de su retiro de la provincia.

A diferencia de la propuesta que expresó el intendente rosarino, Miguel Lifschitz, de municipalizar el servicio, el resto de sus colegas mostró cierto escepticismo al respecto. El único que se adhirió a la postura de la municipalización fue su par de Rafaela, Omar Perotti, quien supeditó esta posibilidad a que se pongan en marcha las obras de infraestructura prometidas.

En medio de estos encuentros con los intendentes de la región, el gobierno provincial envió a la Legislatura el proyecto de ley que fija los mecanismos jurídicos de la transición y en el que se detalla cómo estará conformado el órgano de contralor o ente administrador. El mismo instruye al Ejecutivo a garantizar la prestación del servicio ante esta "excepcionalidad".

Participaron del encuentro con Obeid los intendentes de Villa Gobernador Gálvez, Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria, San Lorenzo, Firmat, Rufino, Casilda, Cañada de Gómez, Rafaela, Gálvez y un representante de Esperanza.

El ministro de Asuntos Hídricos de Santa Fe, Alberto Joaquín, afirmó que los intendentes manifestaron que no están en condiciones de municipalizar el servicio y le expresaron al gobernador su preocupación por la continuidad de la prestación y la necesidad de que se realicen las obras de infraestructura necesarias.


Rechazo a la municipalización
El intendente de Capitán Bermúdez, Fabián Várela, señaló que la incertidumbre partía de un dato concreto: la mayoría de las municipalidades desconoce datos esenciales de la situación de la empresa, como por ejemplo, el nivel de morosidad. Por esta razón, consideró que "por el momento no se puede hablar de municipalización del servicio".

En tanto, la intendenta de San Lorenzo, Mónica de la Quintana, se pronunció "a favor de la propuesta del gobierno provincial de crear una empresa mixta entre el Estado y un privado".

La postura casi unánime de los intendentes contraria a la municipalización le daría cierto aire a la decisión del gobierno provincial de hacerse cargo de la prestación, bajo cualquiera de las fórmulas que tiene en análisis. De todos modos, el hecho de que buena parte de los intendentes presentes corresponden al área del Gran Rosario, también haría pensar en la posibilidad de llevar adelante la propuesta impulsada por Lifschitz, que pretende conformar una empresa estatal metropolitana, un plan que le formulará en la reunión que hoy mantendrá con Obeid.

Todas las opciones están abiertas. De hecho, el ministro de Obras Públicas, Alberto Hammerly, reconoció ayer que "la provincia es partidaria de la descentralización", una actitud que tomó en la ejecución de muchas obras públicas.

Por su parte, el rafaelino Perotti manifestó que no le asusta el desafío de hacerse cargo del servicio. "La ciudad está preparada", dijo el intendente y agregó que Rafaela tiene historia de prestaciones de este tipo, como la usina, que en determinado momento fue municipal.

"Por actitud o disposición no es un desafío que nos asuste, pero queremos tener en claro la transición, saber cómo está la empresa, definir claramente las inversiones pendientes o cómo se hará frente a las obras postergadas", aclaró Perotti.


El proyecto de la ruptura
El proyecto que ayer Obeid remitió ayer a la Legislatura, propone la creación de una "comisión de seguimiento del proceso de transición, con facultades de emitir opiniones obligatorias no vinculantes previas a los actos esenciales que se resuelvan".

Estará formada por "tres diputados, tres senadores provinciales, y seis integrantes designados por el Poder Ejecutivo y duraría en funciones hasta que el proceso de transición se declare concluído".

El artículo uno rechaza la intimación formulada por la empresa "en los términos del numeral 13.4 del contrato de concesión", porque el mismo "no se sustenta en un principio de equilibrio apoyado en el flujo de fondos sino en el principio del riesgo empresario", agrega el proyecto.

Por otra parte, el proyecto faculta al gobierno a "intervenir cautelarmente en la empresa Aguas Provinciales de Santa Fe si ello fuere necesario para garantizar la prestación del servicio frente a la situación de excepcionalidad", lo cual podría ser tomado como causal de rescisión por culpa de la concesionaria.

Los intendentes le plantearon sus temores al gobernador.