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 domingo, 20 de marzo de 2005  
Otro frente abierto. Se profundiza la tensión tras la remoción del obispocastrense
El Vaticano alertó que el gobierno hace peligrar la libertad religiosa
El vocero de Juan Pablo II dijo que el Sumo Pontífice está esperando una comunicación oficial del Ejecutivo argentino

El Vaticano endureció ayer su enfrentamiento con el gobierno nacional a raíz de la decisión de desplazar a monseñor Antonio Baseotto como obispo castrense y advirtió que impedir al prelado ejercer su ministerio pastoral significaría una "violación a la libertad religiosa".

El portavoz oficial de la Santa Sede, Joaquín Navarro Valls, aclaró, no obstante, que el Papa Juan Pablo II "continúa a la espera de una comunicación oficial" sobre este tema, por lo que el canciller Rafael Bielsa se reunirá mañana con el nuncio apostólico, monseñor Adriano Bernardini, para informarle del caso.

En sintonía con la Santa Sede, la Conferencia Episcopal Argentina consideró "apresurada y unilateral" la medida dispuesta por el presidente Néstor Kirchner, y abogó por el diálogo en lugar de "alentar disputas estériles que, algunas veces, responden a intenciones encubiertas".

Precisamente también mañana el secretario de Culto, Guillermo Oliveri, mantendrá un encuentro con el secretario general del Episcopado, monseñor Sergio Fenoy, para tratar el conflicto.

Ante la categórica réplica de la Santa Sede y del Obispado argentino por el gesto oficial de retirarle la confianza a Baseotto, el gobierno se rehusó ayer dar una respuesta porque la idea que prevalece en la Casa Rosada es evitar "echar más leña al fuego" en el vínculo con la Iglesia.

Por su parte, el ex presidente Eduardo Duhalde -quien en diciembre de 2002 firmó el acuerdo a favor de la designación de Baseotto- respaldó ayer el relevo del vicario castrense.

Paralelamente, voceros oficiales señalaron que el gobierno "no está promoviendo el aborto, ni quiere enfrentarse con la Iglesia como institución. Este es sólo un problema puntual con Baseotto".

El conflicto se disparó en los últimos días luego de que Baseotto recomendara "colgar una piedra al cuello y tirar al mar" al ministro de Salud, Ginés González García, por sus declaraciones a favor de la despenalización del aborto y la distribución masiva de preservativos.

A partir de esos dichos, la administración kirchnerista pidió la remoción de Baseotto, pero el Vaticano lo ratificó en sus funciones.

Ayer, un día después de que el presidente firmara el decreto por el cual dejó sin efecto el aval a Baseotto, la Santa Sede fijó su posición a través de su portavoz Navarro Valls.

El vocero de la Santa Sede alertó que impedirle a monseñor Baseotto ejercer su misión pastoral sería una "violación de la libertad religiosa" y precisó que el Papa Juan Pablo II aún no recibió la comunicación oficial acerca de la resolución del Gobierno argentino en este asunto.

Sin embargo, el portavoz adelantó en señal de advertencia: "Si se impide ejercer el ministerio pastoral a un obispo legítimamente nombrado por la Santa Sede según las normas del derecho canónico y los acuerdos vigentes, nos encontraríamos frente a una violación de la libertad religiosa, así como de estos acuerdos".

Poco después, la Conferencia Episcopal Argentina encabezada por monseñor Eduardo Mirás emitió un comunicado en el que dijo lamentar que este "conflicto, librado a la competencia de los medios, no haya sido atendido con la prudencia que merecía".

En este contexto, el Obispado argentino instó al "diálogo" para restablecer la "armonía", en lugar de "alentar disputas estériles que algunas veces responden a intenciones encubiertas".

El viernes, al anunciar la firma del decreto que retiró la confianza a Baseotto, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, se refirió a las expresiones "poco felices" formuladas por el religioso. Duhalde brindó un categórico apoyo a la resolución de Kirchner, al volver a juzgar "inadmisible" la actitud de Baseotto de embestir contra el ministro de Salud, acudiendo a una cita bíblica que recuerda los sangrientos años de la dictadura militar argentina.

Las repercusiones políticas no tardaron en llegar. La líder del ARI, Elisa Carrió, advirtió que detrás del enfrentamiento entre el gobierno nacional y el Vaticano, por la decisión de remover a Baseotto como obispo castrense, "hay una cuestión de la interna del justicialismo".

"En este caso, me parece que se trata más de una interna del PJ que está ligada incluso al propio Vaticano", sostuvo Carrió tras explicar que en realidad si el presidente Kirchner hubiera querido resolver el tema diplomáticamente, "hubiera renegociado con la Santa Sede renunciar al tratado" por el cual son designados los obispos castrenses en el país.

Carrió señaló que "quien pone a Baseotto es (el ex funcionario menemista y luego duhaldista, Esteban) Caselli, durante el gobierno de Duhalde" pero señaló que "los sectores más moderados de la Iglesia no querían que Baseotto fuera" obispo castrense "porque sabían quién era".

La líder del ARI dijo que "de alguna manera, esto forma parte de una interna del PJ" y advirtió que "lo que pone en cuestión el gobierno (de Kirchner) no es el tratado vigente desde la época (de la gobierno militar) de Aramburu, sino lo que pone en cuestión es la designación".
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El vocero vaticano, Joaquín Navarro Valls.

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