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 miércoles, 26 de enero de 2005  
La Corte chilena dio 6 meses para cerrar juicios a militares

Santiago. - La Corte Suprema chilena estableció un plazo de seis meses para que los jueces que investigan más de 300 casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet cierren los sumarios, medida que diputados oficialistas consideran una virtual ley de "punto final".

La disposición judicial se sumó a la decisión del gobierno de legislar para que esos procesos por violaciones a los derechos humanos sean traspasados desde el sistema judicial antiguo a uno nuevo que regirá en el Gran Santiago desde junio. El presidente Ricardo Lagos, de visita en Alemania, calificó la medida como "un acuerdo muy positivo desde el punto de vista del país".

La diputada oficialista Laura Soto, en contraste, afirmó que "me parece gravísimo, hay un punto final encubierto, porque al final se dice con todas sus letras que si no se encuentra solución dentro del plazo, habrá sobreseimiento temporal, y eso significa un punto final". Soto, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, advirtió que "estaremos muy vigilantes".

El presidente de la Corte Suprema, Marcos Libedinsky, descartó que el plazo implique una "ley de punto final" y recordó que las convenciones internacionales recomiendan un plazo "razonable" para asegurar garantías a las partes del proceso.

Libedinsky dijo que luego de los seis meses se podrá extender el plazo de investigación si hay diligencias pendientes. El acuerdo de la Corte Suprema busca agilizar más de 300 procesos que involucran a unos 160 militares, la mayoría jubilados, en violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-90).

Por otra parte, el gobierno insistió en su idea de impulsar un proyecto que permita trasladar del viejo al nuevo sistema judicial los juicios pendientes. Pero los diputados oficialistas anticiparon su rechazo al proyecto, que sí cuenta con el respaldo de la oposición derechista.
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