"La ley no distingue entre un violador y un ladrón", sostuvo Efraín Lurá

"Para albergar legalmente el excedente de presos hay que construir cárceles"

El juez de ejecución de penas del sur provincial admite que hay muchos condenados alojados en comisarías

Hernán Lascano / La Capital

Efraín Lurá tiene su oficina de juez de ejecución de penas en la cárcel de Riccheri y Zeballos. Pero sus atribuciones alcanzan a todos los condenados por los delitos más diversos desde Barrancas al sur de la provincia. Tiene a su cargo definir o denegar los beneficios previstos en las sentencias: dónde debe estar y cómo debe ser el tránsito de un preso durante su pena. Su nombre empezó a resonar con recurrencia hace dos semanas cuando un violador que debía estar preso intentó atacar a una chica en Fisherton (ver aparte). Este incidente grave disparó varias incógnitas aún en cuestión. ¿Qué hacía un condenado por violación en la calle? ¿Cómo es que fue transferido al penal de una comisaría común? ¿Por qué hay sentenciados afuera de las cárceles?

Lurá dice que la matriz básica de las irregularidades con los presos es la falta de espacio y afirma que es imposible que todos los condenados estén donde se debe. "Salvo que quieran que los mandemos a cárceles imaginarias", subraya. Afirma que por no será sorpresa para nadie que un informe en trámite sobre si hay condenados en comisarías será positivo. También revela que no se permite hacer distinciones al liberar a un condenado por violación, "que es un enfermo mental", que por delitos distintos. "La ley no hace distinciones".

-¿Como se define el movimiento de presos condenados en este contexto de colapso carcelario?

-Cuando se condena a una persona en Rosario el sumario llega a mi oficina. Lo primero que se hace es mandarlo a un instituto penal bajo ciertos criterios. Si el preso es peligroso o la condena es muy larga va a Coronda. Si no lo es queda acá en Rosario. Mi función no abarca sólo Rosario: de Barrancas al sur todo preso depende de mi juzgado. Debe remarcarse que cuando alguien queda condenado se pide a la dependencia policial que lo traslade al Servicio Penitenciario (SP). Pero el traslado no se hace enseguida, y es por una razón sencilla: nunca hay lugar. Por lo tanto, si usted va a penales policiales va a encontrar muchos condenados. Como hay un enorme déficit en dependencias del SP un condenado puede pasar tres o cuatro meses en una comisaría hasta que se produce la plaza. Eso el Poder Judicial lo sabe perfectamente sin necesidad de pedir un informe. Y también saben que el penado de hoy es el procesado de ayer. El hecho de que hoy reciba condena firme no lo convierte en un sujeto más peligroso que la semana pasada. Si era peligroso cuando cometió el delito lo seguirá siendo después. Entonces, objetivamente, tener a un condenado en la comisaría no implica mayor peligro que tener a un procesado.

-¿Y la responsabilidad de que esto ocurra, en última instancia, de quién es?

-Pretender en la provincia que un preso condenado hoy esté mañana en la cárcel es, por cuestiones de infraestructura, un imposible. Las cárceles son de ladrillo y hormigón. Si quieren que todos los presos se deriven a la cárcel, como manda la ley, hoy sólo podemos mandarlos a una cárcel imaginaria. Para albergar legalmente a un excedente de 1.500 presos que actualmente están dando vueltas por falta de espacio hay una sola solución: construir cárceles.

-¿Quiere decir que hasta tanto no haya cárceles los jueces no pueden sino incurrir en actos de ilegalidad al movilizar a los detenidos?

-Está todo desnaturalizado. La policía tiene una función específica que no es cuidar presos y que demanda idoneidad y tiempo. En todas las comisarías de Rosario debería haber no más de 150 personas, sólo bajo estado de sospecha y cuando recién son detenidas. Los procesados ya deberían estar en cárceles. Y no pasa eso. En este estado de cosas es imposible no incurrir en acciones reñidas con la ley. Pero no se puede hacer responsables a los jueces por esto. El problema es de presupuesto y será insoluble hasta que se hagan las cárceles necesarias.

-Desde el Poder Judicial se ordenó un informe para determinar si hay condenados en comisarías. Si lo que usted dice es cierto hay que inferir que eso se hizo a sabiendas de que la respuesta es positiva.

-Exacto. Quienes lo pidieron saben muy bien que la realidad no permite otra cosa. Y todos los condenados en comisarías, del primero al último, tienen mi orden de ser pasados de inmediato a institutos penales. Está todo documentado. El problema es que hay un cupo de entrada determinado. Podría sacar a un procesado de la cárcel y mandarlo a la comisaría para recibir a un condenado. Pero eso no es solución. Mientras no haya 1.500 plazas carcelarias indispensables en el sur provincial implica que siempre va a haber condenados en comisarías.

-Usted quedó en una situación incómoda por haber autorizado el traslado de un violador condenado a una comisaría.

-Ya lo dije: lo hice porque este penado tenía conflictos graves en la cárcel con otros presos y con la fuerza de seguridad que colocaba en riesgo su vida. Si un preso dice que está amenazado de muerte, su petición queda documentada y yo la desoigo, la responsabilidad si lo matan es mía. Pedí por eso que lo transfirieran a la comisaría 27ª, prevista para imputados por delitos sexuales, donde no había cupo. Fue a parar a la 17ª porque allí había lugar. Lo esencial, además, es que autoricé el traslado pero no su salida. Por qué estaba en la calle no debo explicarlo yo. Es como si un juez autoriza a un detenido a ser llevado al médico, se fuga durante el traslado y culpan al juez.

-¿Usted dispuso transferir este preso a la 17ª o le dijeron que allí había lugar?

-Yo pedí una plaza en la 27ª. El empleado que llevaba ese sumario me dijo que había una plaza en la 17ª. Pero, bueno, pasaron cosas raras. El jefe de la 17ª pedía beneficios para el preso como si fuera su defensor particular. No digo que lo haya dejado salir. Pero esa gestión no es común en un comisario y está documentado en el sumario que yo llevaba.

-Lo sugestivo es que este preso estuvo meses en la 17ª pero a minutos de armarse el escándalo apareció de golpe una plaza en la comisaría 27ª.

-Yo no puedo ni me toca explicar eso. Sí que hay constancias del sumario donde requiero que lo trasladaran a la 27ª y la respuesta diciendo no había cupo para nadie más porque tenían la capacidad colmada con 31 internos.

-¿Le resulta más perturbador, más allá de que el sistema legal lo habilite, autorizar excarcelaciones de personas condenadas por delitos sexuales que por otros delitos?

-Es una encrucijada porque la ley 24.660, que regula beneficios como salidas transitorias, presenta serias fallas. Pero el juez no tiene que valorar sino ejecutar lo que la ley le manda. Pero no es lo mismo, por ejemplo, evaluar el beneficio para un preso que cumple su primera condena que a un reincidente por cuarta vez. Y la ley no discrimina eso. De diez presos primarios ocho no reinciden. Y de diez reincidentes ocho vuelven a delinquir. La ley no pone pautas ni hace distinciones entre delitos. Pero no todos los delitos son iguales y no es la misma la peligrosidad de quien los comete.

-Lo entiendo. Pero subjetivamente ¿no lo asaltan inquietudes distintas cuando tiene que autorizar la salida de un violador, que suele ser movilizado por una psicopatología profunda, que la de un estafador, un ladrón o un homicida?

-Para evaluar me fijo mucho en los informes psicológicos que también tienen un valor relativo. Suelen no revelar gran cosa porque el comportamiento del violador en la cárcel suele ser ejemplar. El problema de éstos es que, además de tener un total deprecio por el prójimo, como un ladrón, son enfermos mentales. Pero insisto: la ley no da elementos para hacer distinciones. La cuestión debe zanjarla el legislador que hace las ley y no el Poder Judicial, que la aplica.

El juez de ejecución de penas, Efraín Lurá, también reclamó más plazas carcelarias.