El ministro de Gobierno desmenuza el plan de reforma policial

Rosúa: "Nos gustaría que a los jefes de unidades los eligieran por voto"

Explicó cómo serán el escalafón, los ascensos y la política operativa de la fuerza en el plan anunciado, que incluye 60 millones de pesos en inversión

El anuncio de una ambiciosa reforma, cuyos andamiajes son modificaciones de fondo en la policía santafesina y en el régimen penitenciario, constituye para el ministro de Gobierno Roberto Rosúa el principio de una nueva fisonomía de la seguridad pública provincial. Este programa que fue lanzado a mitad de semana supone varios puntales: una inversión de 60 millones de pesos en distintos rubros; un paquete de leyes para cambiar la formación profesional, los escalafones y los regímenes de ascensos policiales; y construcciones de alcaidías para liberar personal policial a tareas preventivas.

"Hay interés en todos los bloques partidarios de empezar a trabajar cuanto antes en esto. Proyectos como el nuevo régimen de capacitación policial va a tener tratamiento este año en la Legislatura", indicó Rosúa, quien cree que la transformación proyectada debe darse en pasos realistas. "A nosotros nos gustaría proponer un régimen en el cual los jefes de unidades regionales puedan ser elegidos mediante el voto. Pero en esta etapa podemos proponer ciertos cambios. Luego podremos dar otros saltos cualitativos", resumió.

El responsable de la seguridad pública de la provincia volcó mayores pormenores de las enmiendas proyectadas por su gestión en el ámbito de la policía. Los siguientes son algunos de ellos.

* Régimen escalafonario único: Tendrá nueve grados y se estructurará sobre la base de tres iniciativas. Se abrirá la instrucción y la formación de los cuadros policiales hacia el Ministerio de Educación y la Universidad. "La idea es sacarlos de la estricta formación de carácter corporativo meramente policial para darle una formación más amplia a la manera de otros países como, por ejemplo, Canadá", explicó Rosúa. Las reformas desembocarán en el escalafón único para que "desaparezca la vieja dualidad tradicional copiada de las formas militares: oficiales, suboficiales y tropa. Carrera policial: Se iniciará con el grado de suboficial y después de recorrer nueve grados terminará en el grado de director general con la intención "de romper un esquema rígido, corporativo y discriminatorio" para que asciendan "los más capaces y dedicados". En esta etapa, los jefes de unidades regionales no serán elegidos "por la gente".

* Calificaciones y ascensos: Los policías ascenderán por los méritos demostrados a través de la educación, el desempeño y el concepto. Y la movilidad en la fuerza será decidida por un tribunal examinador integrado no solamente por policías -como en la actualidad- sino además por organizaciones no gubernamentales, la universidad y estratos judiciales. Desaparecerá la Junta de Calificaciones. Y se terminará en forma gradual con el criterio estacional de los ascensos. En otros términos: las promociones de cargos no serán anuales, como ahora, sino que se regularán por las necesidades de cubrir puestos.

* Política operativa: La prioridad será una visible presencia policial preventiva hacia el delito. Los movimientos de la Patrulla Urbana, de carácter disuasivo, serán coordinados con el Comando Radioeléctrico, cuya tarea es reprimir los ilícitos. La finalidad última será bajar los niveles delictivos. Los cambios involucran a la Guardia de Seguridad Rural que debe reconvertirse en una fuerza de patrullaje de caminos. Los patrulleros urbanos y rurales deberán estar en movimiento. "La provisión de combustible no deberá ser un problema: es prioritario que los móviles estén circulando en la calle", enfatizó Rosúa.

* Control de sumarios: Se prevé el proyecto de formación de una policía judicial. Se firmará un convenio la semana próxima con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario para la capacitación de los oficiales encargados de la tramitación de los sumarios policiales.

* Supervisión de la seguridad privada: Se trabajará con la Secretaría de Derechos Humanos para supervisarla. Se evaluará estrictamente la dotación de las agencias de seguridad privada para evitar que personal de fuerzas de seguridad exonerados por violación de derechos humanos las integren. También el Estado fiscalizará que los vigiladores tengan un adiestramiento básico con la intención de evitar abusos. Y se controlará estrictamente el manejo de armas de fuego.


Alcaidías y polémica
Parte primordial del proyecto de seguridad es la construcción de las seis alcaidías que insumirán un desembolso de 15 millones de pesos. El lunes pasado se lanzó la licitación de la primera, en el predio provincial ubicado detrás de la Jefatura de Ovidio Lagos al 5200. Y un día después se levantó la oposición de algunos habitantes de ese barrio de la zona sudoeste de la ciudad porque, según alegaban, el sitio elegido está definido por el Código Urbano como espacio público.

Rosúa señaló que no tiene sustento el argumento de rechazo a la futura alcaidía. "Hay un reclamo generalizado fundamentalmente en la ciudad de Rosario para que saquemos los 1.215 presos que tenemos en las comisarías. Y para eso hay que construir alcaidías. Con respecto a la que proyectamos en la Jefatura, hay que decir que está dentro del terreno de la Unidad Regional II, que fue destinado a seguridad desde el momento en que la provincia lo tomó en sus manos. Nunca ha dejado de ser del área de seguridad de la provincia ni es un espacio público. La construcción de la alcaidía tiene sustento legal desde el punto de vista urbanístico y desde el punto de vista de la seguridad. De esta manera nos parece equivocado el reclamo de los vecinos. Además en ese lugar funciona la caballería, la sección Perros, la Brigada de Explosivos y un centro de instrucción. Entonces apelamos a la racionalidad de quienes en su momento se comprometieron a producir las normas necesarias como el ex intendente (Hermes) Binner.

El gobernador Jorge Obeid presentó el miércoles pasado el plan de seguridad.